El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado este jueves los acuerdos fiscales alcanzados por el Gobierno central con Cataluña y ha exigido al Gobierno revisar de forma urgente el sistema de financiación autonómica con el objetivo de corregir la infrafinanciación histórica que sufre la provincia de Alicante. El PP ha presentado esta declaración institucional al Pleno que ha sido aprobada con los votos populares y de Vox, mientras que PSOE, Compromís y EU-Podemos han votado en contra.
El concejal Antonio Peral ha sido el encargado de defender la iniciativa, que considera que el acuerdo fiscal del Gobierno con Cataluña “privilegia a esta comunidad en detrimento del resto de las regiones españolas, exigimos que cualquier medida fiscal sea aplicable de manera equitativa en todo el territorio nacional”.
“Es evidente que los pactos fiscales, como el del ‘cupo catalán’, no solo suponen una cesión por parte del Gobierno central, sino que además se traducen en un trato fiscal privilegiado para Cataluña, que se aleja de los principios de solidaridad y equidad entre las diferentes comunidades autónomas. Estos acuerdos profundizan las diferencias territoriales, permitiendo a Cataluña mantener mayores recursos, mientras que provincias como Alicante ven cómo sus necesidades de financiación son ignoradas sistemáticamente”, ha afirmado Peral.
En la misma línea, la iniciativa exige al Gobierno la revisión urgente del sistema de financiación autonómica con el objetivo de corregir la infrafinanciación histórica que sufre la provincia de Alicante, garantizando una distribución justa y equitativa de los recursos. “Esta infrafinanciación de Alicante afecta directamente a la calidad de los servicios públicos, al desarrollo de infraestructuras y a la capacidad de nuestro tejido empresarial para competir en igualdad de condiciones”, ha denunciado el edil.
Medicina
Por otra parte, el Pleno ha aprobado que los estudios de Medicina continúen en Alicante de manera que se garantice que “los estudiantes de la provincia tengan acceso a una educación de calidad y los ciudadanos a unos profesionales formados en la máxima excelencia”. El Pleno insta a la Generalitat Valenciana a que, en caso de un fallo judicial desfavorable para la implantación de Medicina en la Universidad de Alicante (UA), impulse la implantación y continuación de los estudios.
La Declaración Institucional ha sido presentada por el PP y se ha aprobado con los votos a favor de los populares y Vox y en contra de los grupos de izquierda (PSOE, Compromís y EU-Podemos).
La portavoz popular, Mari Carmen de España, ha sido la encargada de defender la iniciativa y ha señalado que “el proceso de implantación del grado en Medicina en la Universidad de Alicante se ha visto entorpecido por la gestión administrativa desde que ésta fue impulsada bajo el gobierno de Ximo Puig”. “Desde el principio, esta iniciativa ha sido tratada con falta de rigor y transparencia, generando incertidumbre y retrasos innecesarios que han perjudicado tanto a la comunidad universitaria como a los futuros estudiantes, ha señalado
Para De España “es imperativo garantizar que los estudiantes de Medicina reciban una educación de excelencia, que los prepare para los grandes retos que enfrenta nuestra sociedad en términos de salud pública. El acceso a una formación médica de calidad no solo responde a la creciente demanda de profesionales sanitarios”.
Apoyo a Venezuela
Por otra parte, el Pleno también ha aprobado una declaración institucional para “expresar nuestro más firme apoyo a la oposición política en Venezuela, y en particular a Edmundo González y María Corina Machado, y nuestra condena expresa a las políticas represivas del régimen de Nicolás Maduro”. El Pleno insta al Gobierno de España “a tomar medidas más contundentes para presionar al régimen venezolano, demandando el fin de la represión, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres y transparentes que permitan restaurar la democracia en Venezuela, y reconocer a Edmundo González como el presidente electo”, en consonancia con lo solicitado por el Partido Popular y aprobado en el Congreso de los Diputados. PP y Vox han votado a favor y los grupos de izquierda en contra.