El Ayuntamiento de Elche ha continuado reestructurando sus capacidades operativas y recursos municipales para hacer frente a un notable aumento en el volumen de peticiones. Este incremento se ha derivado directamente del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, una medida que el Gobierno de España ha aprobado recientemente.
Desde la puesta en marcha de este procedimiento, la presión sobre los servicios municipales se ha elevado considerablemente. En los primeros quince días del mes de abril, las solicitudes de certificados de empadronamiento han experimentado un crecimiento del 40%, hasta alcanzar las 2.464 solicitudes.
Además, las Oficinas Municipales de Atención Ciudadana (OMAC) han llegado a asistir a 1.800 individuos en una sola jornada, lo que subraya la magnitud del desafío.
La respuesta municipal ante el desafío de la regularización
El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha explicado que el Consistorio ha asumido la gestión de este procedimiento, que ha generado un volumen extraordinariamente alto de solicitudes en un lapso muy breve. En este sentido, el primer edil ha señalado que esta situación responde a que "el Estado ha atribuido a los ayuntamientos esta gestión sin una planificación previa ni dotación de recursos suficientes".
Para mejorar la atención ciudadana y reducir la presión asistencial que ha recaído sobre las OMAC, el Ayuntamiento ha implementado un nuevo procedimiento específico. Este trámite, denominado "Solicitud de certificado de vulnerabilidad para regularización de personas extranjeras", ha sido habilitado tanto en la sede electrónica municipal como de manera presencial.
Este documento ha resultado indispensable para aquellos individuos que han de demostrar su condición de vulnerabilidad dentro del marco del proceso de regularización.
Proceso de solicitud del certificado de vulnerabilidad
Una vez que la solicitud ha sido presentada, esta se ha remitido a la Oficina de Atención a Personas Migradas (PANGEA). Esta oficina, a su vez, ha contactado con los solicitantes para llevar a cabo una entrevista personal, un paso previo y fundamental antes de la emisión del certificado correspondiente. Este enfoque personalizado ha buscado asegurar que cada caso ha sido evaluado de manera adecuada y justa.
El procedimiento de regularización ha sido orientado a dos grupos principales de personas:
- Quienes han solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026.
- Personas en situación administrativa irregular que han podido acreditar su permanencia en España con anterioridad a esa misma fecha.
En el caso de las personas en situación administrativa irregular, han debido cumplir alguno de los siguientes requisitos para poder acceder a la regularización:
- Haber desempeñado una actividad laboral en España.
- Disponer de una unidad familiar con hijos menores de edad.
- Haber acreditado una situación de vulnerabilidad.