El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE, la ampliación de la octava prórroga forzosa del contrato para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de la ciudad, que cuenta con el aval de los informes técnicos favorables y un importe estimado de 3 millones de euros.
Seguirá vigente desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo del próximo año, un plazo establecido en previsión de que el nuevo contrato pueda entrar en vigor en junio de 2026 e incluso en fechas anteriores.
La concejal de Contratación, Lourdes Galiana, ha explicado la necesidad de ampliar el periodo de gestión “para garantizar la continuidad de este servicio esencial por razones sanitarias y de salubridad”. Esta situación se mantendrá mientras se resuelve la adjudicación del nuevo contrato a favor de la empresa Prezero, paralizada por el recurso presentado por otra de las mercantiles que participó en el proceso de licitación.
Galiana ha mencionado que, dada la incertidumbre sobre el periodo exacto de prórroga, se ha aplicado un criterio de prudencia y ha recordado que, pasados dos meses de la interposición del recurso sin que se notifique su resolución, “el interesado podrá considerarlo desestimado”.
La edil también ha expresado su deseo de que “se resuelva a nuestro favor para no demorar más la puesta en marcha de este servicio, donde los verdaderos perjudicados de la suspensión somos todos los habitantes de San Vicente” y ha subrayado “los esfuerzos realizados por este equipo de Gobierno para que San Vicente tenga un nuevo contrato acorde con las necesidades de limpieza de la ciudad”.
Mociones por el 25N
Ninguna de las dos mociones presentadas al pleno con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha prosperado. La propuesta del PP ha sido rechazada por Vox, PSOE, EU-EU y Compromís. Tampoco el texto de los grupos de la oposición, defendido por las concejales Mª Jesús Moreno, del PSOE, Natalia Jerez, de EU-UP, y Maribel Morera, de Compromís, ha salido adelante por los reparos expuestos por PP y Vox.
La edil de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, ha denunciado “los discursos sesgados a conveniencia que están utilizando la violencia contra la mujer como herramienta para enfrentar y dividir a la sociedad, sin embargo, no debería ser un arma política, sino un motivo para unirnos en la defensa de la vida y la dignidad porque solo desde el diálogo y el convencimiento mutuo podremos avanzar hacia su erradicación”.
En representación del Grupo Popular, la edil ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento para seguir combatiendo la violencia contra la mujer con la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el compromiso de garantizar los recursos municipales necesarios para la atención de las víctimas y la estabilidad del personal técnico con el fin de consolidar una unidad de igualdad independiente y trabajar para la reactivación de un observatorio local de igualdad, entre otras propuestas.
Torregrosa ha mantenido que “estos acuerdos son la hoja de ruta que lleva la concejalía en materia de violencia de género, no hacemos ningún brindis al sol, vamos a trabajar en coordinación con los centros educativos y, para darle continuidad, al proyecto necesitamos que el personal sea funcionario de carrera, ya que eso garantiza los lazos que se establecen con los usuarios”.
La concejal se ha mostrado favorable a mantener la continuidad de las campañas para concienciar a la ciudadanía, así como talleres y actividades destinados a toda la población y, en particular, a los más jóvenes.
Torregrosa también ha querido explicar, punto por punto, las razones por las que se ha rechazado la propuesta elaborada por la oposición.
Por un lado, ha afirmado que se solicita actuar en ámbitos “sobre los que no tenemos competencia", como los derechos de regularización administrativa y asilo de mujeres, del ámbito del Gobierno central. Además, servicios reclamados por PSOE, EU-UP y Compromís “ya se están prestando; existen varias aplicaciones presupuestarias dirigidas a las víctimas de violencia de género y trabajamos en coordinación con centro mujer, como también existe una unidad independiente de Igualdad compuesta por el personal que define el contrato programa”.
Por su parte, la edil de Vox, Yolanda Iborra, ha argumentado la posición en contra de las dos mociones. Según ha mantenido, “queremos medidas reales que ayuden de verdad y hagan la vida de nuestros vecinos más grata”, entre las que ha mencionado “poner fin al modelo de protección de la mujeres basado en la ideología de género y sustituirlo por un sistema eficaz basado en la víctima, revisando los errores del sistema cometa, corrigiendo las graves deficiencias detectadas y auditado externamente el uso de los fondos públicos destinados a políticas de igualdad, priorizando la seguridad, la prevención la protección real y acabar con las políticas de puertas abiertas restableciendo el control de las fronteras, y la protección frente a la violencia importada”.