El pleno de la Diputación de Alicante ha solicitado al Gobierno de España la suspensión de las reglas fiscales y una mayor flexibilidad en el uso de los remanentes de tesorería, una medida considerada urgente ante las crecientes consecuencias socioeconómicas derivadas del conflicto en Irán.
La propuesta, impulsada por el equipo de gobierno liderado por Toni Pérez, busca autorizar a los ayuntamientos y a la propia institución provincial a movilizar sus ahorros, que superan, según cifra el PP, los mil millones de euros, para impulsar inversiones "cruciales" en los municipios. La moción ha contado con el respaldo de Vox y Compromís, mientras que el Grupo Socialista ha votado en contra.
Este acuerdo se ha producido en la misma sesión en la que ha dado luz verde, por unanimidad, a la convocatoria del Plan +Cerca 2026. Este plan estratégico inyectará más de 8,8 millones de euros en los 141 municipios de la provincia y en tres entidades locales menores, reforzando la capacidad de inversión local.
Desbloqueo de recursos para los municipios
La vicepresidenta primera, Ana Serna, ha destacado la relevancia del Plan +Cerca y adelantó que, tal como se plantea en la moción popular, se podrían disponer de aún más recursos “si el presidente del Gobierno baja a la tierra y nos permite usar los ahorros de los alicantino y alicantinas”.
Serna ha rememorado que en la legislatura anterior, cuando las reglas fiscales estuvieron suspendidas a raíz de la pandemia de COVID-19 y, posteriormente, por la guerra de Ucrania, “se hizo la inversión más grande en la historia de esta institución gracias a que pudimos utilizar nuestros remanentes, por lo que pedimos al Gobierno que nos deje volver a poder hacer uso de nuestros ahorros”.
Asimismo, ha enfatizado que “a pesar de todas las zancadillas del Ejecutivo central, ahora hemos sido capaces de sacar adelante un Plan +Cerca de 8,8 millones de euros que van a aliviar las arcas municipales en el periodo estival”.
En la misma línea, la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha hecho hincapié en la “incertidumbre económica” que el conflicto en Irán está generando, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, ha solicitado que, al igual que se hizo frente a crisis anteriores (COVID y guerra de Ucrania), se suspendan las reglas fiscales “para poder contar con recursos financieros para impulsar ayudas sociales, apoyo al comercio local y el mantenimiento de servicios públicos”.
Desde la oposición, Vox y Compromís han apoyado la propuesta, mientras que los socialistas la han calificadode de "una excusa para tapar la falta de gestión de esta institución”, denunciando una “falta de planificación” y de “ejecución presupuestaria”.
Inversiones y ayudas aprobadas
Durante la sesión plenaria, también se han aprobado diversas líneas de ayudas e inversiones destinadas a mejorar infraestructuras y servicios en toda la provincia:
- Ciclo Hídrico: Dos convocatorias que suman 2.300.000 euros en ayudas a ayuntamientos para la ejecución, reparación, reforma y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento.
- Plan de Mejora de la Red Viaria Provincial: Una dotación de 3.419.000 euros para la optimización de la red de carreteras provinciales.
- Plan de Movilidad Peatonal Ciclista: Un presupuesto de 792.500 euros para fomentar la movilidad sostenible.
- Plan Especial de Mejora de Accesos a Municipios: Con 43.000 euros destinados a mejorar las vías de acceso a diversas localidades.
Comisión de investigación sobre el Bono Comercio
La corporación provincial también ha debatió la moción presentada por el Grupo Popular para la creación de una comisión de investigación sobre la gestión del programa Bono Comercio. Esta comisión estará compuesta por 13 miembros de la corporación (7 del PP, incluyendo al presidente; 4 del PSPV; 1 de Vox; y 1 de Compromís) y tendrá un plazo máximo de seis meses para llevar a cabo su labor.
El Grupo Socialista presentó una enmienda a esta moción, solicitando un mínimo de seis sesiones (aspecto que fue aceptado) y la comparecencia de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio, y de Carlos Mazón, quien presidió la Diputación durante los años objeto de investigación, así como del actual presidente, Toni Pérez.
Serna ha aclarado en el pleno que la segunda parte de la enmienda, relativa a las comparecencias, no podía ser aceptada “porque ello no es competencia del pleno de la Diputación, sino que será la propia comisión que se constituya la que decida quién comparece”.
Además, la portavoz del equipo de gobierno ha recordado que la tramitación del bono comercio “contó siempre con el respaldo de todos los grupos políticos” y que “cada ayuntamiento decidía desde su autonomía como gestionaba el bono consumo”, subrayando que las ayudas “estuvieron fiscalizadas en todo momento por el servicio de Intervención tanto del propio ayuntamiento como de la Diputación”.
Debates sobre otras mociones
Fuera del orden del día, se debatieron otras mociones de interés:
- L'Alqueria d'Asnar: El Grupo Socialista presentó una moción para garantizar el respeto a la legalidad democrática en el Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar, solicitando la intervención de la Diputación en la designación de un secretario para convocar un pleno y abordar una moción de censura. Ana Serna señaló que este asunto no es competencia de la Diputación, sino de la Subdelegación del Gobierno, defendiendo que “en lo que está dentro de sus competencias, la institución provincial ha sido muy diligente”. El presidente Toni Pérez afeó al grupo socialista su proceder “haciendo política barata y enredando a la gente cuando esta Diputación no es competente en este asunto”, afirmando que “la Diputación tiene su cometido y ha cumplido sobradamente… son otras administraciones en este caso las que tienen que hacer cumplir la ley”.
- Residuos Marinos: Una moción de Compromís para crear una línea de subvenciones destinada a la recogida de residuos marinos por parte del sector pesquero fue aprobada, tras incorporar una enmienda del Grupo Popular para estudiar la situación y la viabilidad de impulsar estas ayudas.
- Raza Caprina Murciano-Granadina: La propuesta de Vox para el apoyo urgente a la raza de cabra murciano-granadina en la provincia de Alicante, afectada por la paralización del transporte internacional, no obtuvo el respaldo de ningún otro grupo político, al considerar que no era competencia de la Diputación.
- Servicio TRAMnochador: La moción presentada por el Grupo Socialista sobre la mejora y ampliación del servicio TRAMnochador en la línea Dénia-Benidorm tampoco salió adelante, ya que el equipo de gobierno argumentó que la Generalitat Valenciana ya está trabajando en ello.