El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, lamentó ayer que el Tribunal Supremo haya desestimado la suspensión cautelar del aumento del caudal ecológico del Tajo solicitada por la institución provincial alicantina en su recurso contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de diferentes demarcaciones hidrográficas.El presidente de la Diputación, ha trasladado sentirse “profundamente contrariado” por el auto dictado por la Sala 3ª del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y ha anunciado que los Servicios Jurídicos de la Diputación de Alicante trabajarán sobre la posibilidad de interponer un recurso de reposición contra esta resolución del TS.“Si bien el auto es acorde con la interpretación especialmente restrictiva sobre la posibilidad de suspensión de disposiciones de carácter general, la interposición del recurso de reposición, aunque es difícil que prospere, debe plantearse y puede plantearse por parte de esta Diputación al considerar que los fundamentos de la resolución pueden considerarse no ajustados a derecho y, sobre todo, dada la trascendencia de los intereses afectados, que son los intereses generales de esta provincia”, ha explicado Pérez.Así, el representante institucional ha subrayado que la Diputación de Alicante solicitó la medida cautelar “porque la nueva planificación del Tajo produce desde el momento de su entrada en vigor efectos muy negativos, tanto socio-económicos como medioambientales, sobre la provincia de Alicante y que no son reparables mediante una eventual compensación económica”. Pérez también ha incidido en que “Ello llevó a la Diputación a adoptar esa medida cautelar que reclamábamos para evitar que la demanda pierda su finalidad legítima”.En este sentido, El Tribunal también ha desestimado la suspensión cautelar que el Gobierno de Murcia que también contra este real decreto que limita las cantidades máximas de agua que se pueden trasvasar del Tajo al Segura, y requirieron medidas cautelares para suspender su aplicación hasta decidir sobre su legalidad. Requerimientos que se interpusieron en la misma dirección que el gobierno provincial de Alicante.