El 30 de marzo la junta de gobierno tiene previsto aprobar la nueva ordenanza del ruido. Un documento que pretende descargar las competencias sobre el Ayuntamiento y dotar a este de herramientas para dar salida a los problemas ocasionados por el ocio y el ruido en el casco antiguo y centro tradicional de Alicante. Adrián Santos, concejal de Urbanismo y Patrimonio, ha explicado que “todo lo que se plantea en la ordenanza es extrapolable a las legislaciones ya existentes y lo que pretende, sobre todo, es crear los medios para que quien incumpla pueda ser sancionado” Santos también ha detallado que, la ordenanza centrará su atención en ruidos de distinta naturaleza como el generado a través de distintas actividades económicas, al ruido generado por el transporte y el generado por particulares.Asimismo, Santos ha puesto de manifiesto que el texto aún requiere de un tiempo de tramitación puesto que debe ser aprobado en la junta de gobierno, acción dispuesta para este 30 de marzo, para dar paso a seis días de enmiendas, después se convocará la comisión de urbanismo y posteriormente tendrá lugar un pleno para su exposición al público. Ante toda esta serie de procesos el candidato por Cs, ha aclarado ante los medios que la ordenanza no llegará a hacerse efectiva en este mandato. “Pretende es ser un documento vivo que incorporará aquellas enmiendas que a partir de ese momento se planteen, que serán estudiadas minuciosamente y que, si tienen cobertura técnica y son viables, se modificará el texto.” Manifestantes en la Plaza del Ayuntamiento por el ruido en casco antiguo de Alicante.Se plantean tres dimensiones: protección acústica especial, situación acústica especial y el grado ZAS (Zona Acústicamente Saturada) estas tres situaciones se tienen que derivar a un plan zonal que definirá los plazos de tiempo. Una vez la ordenanza esté en vigor permitirá que se puedan imponer medidas correctoras, a modo de medidas transitorias, incluso cuando no exista el plan zonal.Asimismo, las sanciones que irán de los 600 a los 300.000 euros según la gravedad, correspondiendo a la junta de gobierno las penalizaciones hasta 6000 y a partir de esta cantidad pasando la gestión a la Consellería. Como punto destacado, la ordenanza también dará cobertura a la quejas vecinales actuando a través de los cuerpos de seguridad, según los parámetros que marca la ordenanza. Esto permitirá hacer un análisis de la situación e imponer las medidas que sean correspondientes en cada caso. También exigirá que exista un plan acústico en nuevos proyectos de transporte así como la presencia de porteros que garanticen el cumplimiento de estos indicadores.