El Ayuntamiento de Alicante ha abierto un frente jurídico ante la decisión de la Generalitat de autorizar una nueva planta fotovoltaica en Fontcalent. El Consistorio ha trasladado la resolución autonómica a los Servicios Jurídicos municipales para analizar su alcance y estudiar posibles acciones legales, al considerar que el proyecto ha sido avalado pese a contar con varios informes municipales desfavorables.
La autorización, emitida por el servicio territorial de Industria, Energía y Minas de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, concede a la empresa Besolar Energy S. L. la autorización administrativa previa, la autorización de construcción y el plan de desmantelamiento y restauración del entorno afectado por la instalación.
Según detalla el Ayuntamiento, la resolución autonómica se sustenta en un informe de la Abogacía de la Generalitat que establece que los informes municipales son “preceptivos, pero no vinculantes”.
Sin embargo, el Consistorio subraya que esos informes –el último fechado el 17 de junio de 2025– concluyen de manera clara la “incompatibilidad urbanística” de la planta fotovoltaica con el planeamiento municipal y con los criterios fijados por el Decreto ley 14/2020 sobre la localización de este tipo de instalaciones.
Incompatibilidades urbanísticas y bienes protegidos
Entre los aspectos más controvertidos que señalan los departamentos técnicos municipales se encuentra la incidencia de la instalación en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, un factor que, a juicio del Ayuntamiento, imposibilita la concesión de futuras licencias municipales necesarias para el desarrollo del proyecto.
Fuentes municipales destacan que estos condicionantes “no pueden obviarse” y que constituyen elementos determinantes en cualquier tramitación urbanística que afecte a suelo especialmente sensible.
La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia ha llevado al equipo de gobierno a activar a sus Servicios Jurídicos con el fin de “valorar las opciones legales existentes y la oportunidad de presentar recurso”.
El Ejecutivo local considera que la autorización autonómica supone un conflicto competencial y un menoscabo del criterio técnico municipal, por lo que analiza ahora si concurren motivos suficientes para impugnarla ante los órganos administrativos o judiciales correspondientes.