El auge de los apartamentos turísticos en ciudades como Alicante ha generado un intenso debate en torno a sus efectos sobre el mercado inmobiliario y la vida cotidiana de los vecinos y vecinas. Si bien esta modalidad de alojamiento ha impulsado el turismo, un sector clave para la economía alicantina, también ha generado desafíos como la proliferación de viviendas turísticas ilegales y la especulación en los precios del alquiler. Una problemática que afecta tanto a la disponibilidad de vivienda como a la calidad de vida en los barrios.
Aunque el fondo de la cuestión, que debe ser buscar una solución equilibrada entre el desarrollo económico y la preservación del derecho a una vivienda digna y asequible, todavía no se ha abordado, el Ayuntamiento de Alicante ha intensificado las medidas de control y sanción contra los apartamentos turísticos que operan de manera ilegal. Así, el consistorio, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha puesto en marcha una campaña de inspección estratégica que ya ha abierto 50 actas de infracción que están derivando en la suspensión de actividades de las viviendas implicadas.
Asimismo, el Ayuntamiento también ha solicitado su adhesión al Decreto Ley 9/2024 del Consell, aprobado el pasado 2 de agosto con el fin de asumir las competencias para incoar, instruir y sancionar de manera directa las infracciones relacionadas con las viviendas de uso turístico. Las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
Esta cesión y cooperación interinstitucional es “clave” para agilizar la resolución de los procedimientos, aumentar la eficacia en la aplicación de sanciones y fortalecer el control sobre una actividad que, en la gran mayoría de las ocasiones, afecta negativamente a la convivencia y al entorno urbano de los vecinos y vecinas. La plataforma Alicante, ¿dónde vas? denuncia el incremento “insostenible” de pisos turísticos en el casco histórico o Carolinas.
Campaña intensiva de inspección y control
“Estamos firmemente comprometidos con la regulación de la actividad turística en apartamentos y no permitiremos que se lleve a cabo al margen de la legalidad”, afirma la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez. Las palabras de la edil subrayan la intención de mantener una actitud "inflexible" frente a las irregularidades, a través de un estricto control, tanto por medio de la inspección como de la imposición de sanciones.
En este sentido, Gómez destaca que las 50 actas hasta la fecha son solo el comienzo: “Prevemos que esta cifra aumente conforme se intensifiquen los controles en los próximos días y semanas”. Sin embargo, la asociación crítica con el modelo turístico de la ciudad muestran su escepticismo respecto a la efectividad de estas medidas. Uno de los portavoces de la plataforma Alicante, ¿dónde vas?, Salva Cobo, sostiene que estas actuaciones resultan "absolutamente insuficientes", ya que tan sólo abordan una pequeña parte del problema.
“Este número apenas representa una ínfima parte de la colosal cantidad de viviendas turísticas ilegales presentes en la ciudad, que suponen el 80% del total de apartamentos turísticos", subraya Cobo a preguntas de Alicante Extra. La plataforma también insiste en que muchas de estas viviendas se amparan en figuras legales como el "alquiler de temporada", con contratos de corta duración que permiten a los propietarios subir los precios con mayor frecuencia y especular con el mercado inmobiliario.
Requisitos para operar pisos turísticos
El Ayuntamiento ha lanzado un mensaje claro a través de un comunicado a los propietarios: no basta con estar registrado en la Conselleria de Turismo para operar legalmente un apartamento turístico. Es esencial cumplir con las normativas urbanísticas locales y obtener la licencia correspondiente para desarrollar esta actividad dentro del marco de la ley. Esta advertencia subraya la importancia de la compatibilidad urbanística como requisito imprescindible para evitar sanciones o la clausura de la actividad.
El procedimiento sancionador es conciso: una vez detectada la actividad turística sin licencia mediante inspección, el Ayuntamiento emite una orden de suspensión. En caso de que los propietarios ignoren la orden y continúen con la actividad, se procede al precinto de la vivienda. Hasta ahora, la potestad de imponer sanciones recae en el Consell, pero con la solicitud de la cesión de competencias, el Ayuntamiento aspira a gestionar de manera más eficaz estos procesos sancionadores.
A pesar de los esfuerzos, Salva Cobo considera que el debate sobre las viviendas turísticas no puede reducirse solo a la cuestión de "legalidad versus ilegalidad". Tal y como detalla la plataforma, el problema de fondo no desaparece incluso si se regularizan todos los pisos considerados ilegales: “Si el día de mañana se modifican las normativas para poder regularizar las viviendas turísticas ilegales, el problema seguiría siendo el mismo: permitir que la vivienda sea un bien de mercado, y no un derecho y necesidad básicos”, afirma.
Estudio sobre la actividad de los apartamentos turísticos en Alicante
Por otro lado, la concejalía de Urbanismo ha encargado un estudio detallado sobre la situación actual de los apartamentos turísticos en Alicante. Este análisis busca ofrecer una visión “más profunda y completa” del impacto de esta actividad en la ciudad. Los resultados del estudio permitirán orientar las políticas públicas en torno a la regulación y control de este tipo de alojamientos en los próximos años.
La edil responsable del área avanza que “estamos trabajando de manera estrecha con los encargados de la elaboración de este estudio, y en pocas semanas contaremos con los datos definitivos que nos ayudarán a tomar decisiones”. En definitiva, la concejalía confía en que este análisis proporcione la información necesaria para ajustar las estrategias de regulación y mejorar el equilibrio entre el crecimiento del turismo y la calidad de vida de los alicantinos y alicantinas en aquellas zonas más tensionadas.