La ciudad de Alicante comienza a poner coto a la proliferación de apartamentos turísticos en sus barrios. Los movimientos sociales de colectivos como ‘Alicante, ¿dónde vas?’, que exigían medidas para frenar el turismo masivo, han surtido efecto. El alcalde Luis Barcala se retracta ahora de su ideal inicial y anuncia la suspensión de la tramitación de nuevas licencias, declaraciones responsables y otros permisos necesarios para la implantación de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la capital alicantina.
Se trata de una moratoria de un máximo de dos años para la concesión de estas autorizaciones “para regular su impacto en el tejido urbano y social de la ciudad”, ha explicado el primer edil. La iniciativa, que será elevada al pleno del próximo 19 de diciembre, se suma al incremento de las labores de inspección y control contra los apartamentos turísticos que operan de manera ilegal tras el Decreto Ley 9/2024 del Consell que otorga mayor autonomía a los municipios en materia sancionadora.
Tal y como ha avanzado Barcala, la medida permitirá al Ayuntamiento disponer de tiempo para revisar la regulación municipal sobre viviendas turísticas y desarrollar normativas específicas para “garantizar un crecimiento turístico equilibrado y sostenible”. Asimismo, el alcalde ha subrayado que la moratoria también afecta a los cambios de uso de la vivienda, así como al otorgamiento de cédulas de garantía urbanística e informes de compatibilidad urbanística en el ámbito afectado para el uso de los apartamentos turísticos.
Cambio en la hoja de ruta
El equipo de gobierno toma ahora esta decisión después de que en el pleno de septiembre rechazaran la propuesta de Compromís de suspender, precisamente, la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos en la ciudad. Tanto el alcalde como el área de Turismo, dirigida por Ana Poquet, se remitieron a esperar al diagnóstico del sector que todavía estaba elaborando la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante.
Así, las conclusiones de los dos estudios elaborados sobre la situación de las VUT en Alicante establecen la necesidad de limitar la proliferación de estas viviendas. En este sentido, el Ayuntamiento ha explicado en un comunicado que las limitaciones deberán basarse en un análisis detallado que contemple la capacidad de los servicios públicos, la conservación del carácter residencial de cada zona y la preservación de un equilibrio entre las actividades turísticas y las necesidades de los vecinos y vecinas.
La determinación de estos límites permitirá regular el número de licencias emitidas por barrio o zona. De esta forma, esta medida, ha detallado el alcalde, “facilitará la integración en el plan municipal de un límite en la densidad de viviendas de uso turístico y regular el impacto que esta situación genera sobre el mercado inmobiliario y la convivencia vecinal”. Además, se pondrá especial énfasis sobre los barrios de mayor concentración y que ya muestran signos de "saturación turística".
Asimismo, el Ayuntamiento de Alicante realizará revisiones periódicas de las licencias otorgadas para evaluar el cumplimiento de las normativas y si se detectan “problemas significativos” en la calidad de vida o en la accesibilidad a la vivienda, se podría proceder a la “retirada o la no renovación de las licencias en los casos que corresponda”, exponen fuentes municipales cercanas al gabinete de alcaldía.
Reacciones de la oposición
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Trini Amorós, ha cuestionado que Barcala “haya demorado la toma de decisiones en materia de regulación de viviendas turísticas”. A su vez, ha recordado que el PSOE “lleva meses exigiendo la suspensión de nuevas licencias para impulsar un cambio en la ordenación urbanística que impida pisos turísticos en bloques residenciales”. Por último, Amorós ha señalado que los apartamentos turísticos ilegales siguen en el “más absoluto descontrol” en la ciudad.
Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha enfatizado que esta medida era necesaria “hace mucho tiempo” para frenar el “crecimiento descontrolado” que, según su parecer, está provocando un aumento de los precios de la vivienda y la “expulsión de los vecinos en los barrios más afectados”. En esta línea, Copé, ha demandado una normativa “clara, efectiva y consensuada que proteja los intereses de los alicantinos y alicantinas y evite la especulación inmobiliaria”