Barcala obtiene el compromiso de Oltra de atender las peticiones de renta de inclusión

Un plan de refuerzo para las grandes ciudades es el compromiso adquirido por la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, para atender el aluvión de solicitudes de renta valenciana de inclusión que soportan ayuntamientos como el de Alicante, que ha recibido más de 4.300 peticiones desde su aprobación en 2017. Oltra se ha reunido con el alcalde, Luis Barcala, y la concejala de Acción Social, Julia Llopis, que han manifestado la imposibilidad de atender el aluvión de peticiones que se ha producido.Julia Llopis ha resaltado que “ha sido una reunión de trabajo en la que hemos trasladado a la consellera nuestras necesidades ya que hemos tenido una gran avalancha de solicitudes que con los medios de que disponemos no podemos atender como se requiere a las personas que lo necesitan”. Acción Social tramita esta renta que la Generalitat ha derivado a los Ayuntamientos.Oltra ha resaltado que son las grandes ciudades donde se están teniendo mayores problemas porque acumulan mayor población vulnerable, por lo que “nos hemos planteado reforzar ciudades como Alicante, Elche, Valencia y Castellón, e impulsar un plan de refuerzo sobre todo en renta valenciana de inclusión tras la reciente entrada en vigor de la ley que ha provocado una avalancha de peticiones, hasta que pase un tiempo y se pueda equilibrar cuando la gente esté dentro del sistema y solo entren las ordinarias de cada mes”.“Hemos encarrilado la cuestión para reforzar sobre todo la parte de renta y también vamos a trabajar en la dependencia para alcanzar una situación de normalidad, donde solo haya que atender lo que entre de forma ordinaria cada mes”, ha añadido la consellera.

Avalancha de expedientes

Llopis ha señalado que hay unos 4.300 expedientes que han entrado en la concejalía, de los que hay resueltos más de dos mil expedientes y en tramitación entre unos 1.800 y otros 380 pendientes de introducir en el sistema informático de la Conselleria. La edil ha explicado que el tiempo de tramitación está durando entre siete meses y un año, aproximadamente, porque es hay que aportar documentación, hacer comprobaciones, obtener informes, valoraciones y que es una tramitación compleja y larga.“Vamos a intentar todos agilizar lo que nos compete y queremos resolver esta situación de emergencia que nos ha entrado de golpe y estabilizarla, para lo que sí necesitamos un refuerzo de personal pues no damos abasto”, ha comentado Llopis.Oltra ha señalado que desde 2015 hasta la actualidad se ha pasado de 14 a 99 trabajadores de base subvencionados por la Conselleria para atender todas las rentas y subvenciones en materia de acción social, pero que hace falta reforzar más para atender esta avalancha con la entrada en vigor de la nueva Ley Valenciana de Inclusión Social.