La nueva oficina ‘antiokupas’ de Alicante ya es una realidad. El equipo de gobierno del Partido Popular ha hecho efectivo uno de los compromisos más controvertidos adquiridos con Vox para la aprobación de los Presupuestos para el año 2024; y de paso allanar la negociación con la formación ultra de cara a las cuentas de 2025. El nuevo departamento integrado en la Policía Local abre sin un informe que avale la incidencia real de la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad de Alicante y con dudas sobre sus funciones.
Los datos sobre denuncias y la capacidad de acción ante esta problemática son competencia exclusiva de la Policía Nacional, tal y como confirmó el jefe de la Policía Local de Alicante durante la inauguración de las instalaciones en la comisaría de Babel. Sin embargo, el alcalde Luis Barcala salió al paso de estas cuestiones asegurando que la oficina municipal asesorará para prevenir la ocupación, ofrecerá ayuda jurídica y coordinación con otros cuerpos policiales para “agilizar la recuperación de los inmuebles”.
No obstante, el tejido social de la capital alicantina vuelve a alzar la voz tras la apertura de la oficina ‘antiaborto’ el pasado 20 de noviembre. Así, el Sindicat del Barri Carolines, la organización que defiende el derecho a la vivienda y la lucha contra la especulación inmobiliaria, ha rechazado a preguntas de Alicante Extra la apertura del nuevo departamento municipal. Raúl Font, militante del colectivo, califica la medida como “pura propaganda” y asegura que responde a “intereses económicos y, en ningún caso, sociales”.
Un servicio operativo las 24 horas del día
La oficina estará atendida por cuatro agentes de la Policía Local y un auxiliar. El personal se organizará en turnos rotativos que garantizan su “funcionamiento continuo” durante las 24 horas del día durante todo el año, explica el Ayuntamiento. El servicio prestará información y asesoramiento preventivo a los ciudadanos sobre cómo evitar situaciones de ocupación y actuará como enlace entre las personas afectadas y las autoridades competentes.
De hecho, la Oficina municipal estará en “contacto permanente” con el Cuerpo Nacional de Policía cuando la entrada irregular en una vivienda se produzca en las 24 horas previas para llevar a cabo una posible intervención inmediata. Además de atender estos casos recientes, el organismo orientará a los propietarios en procesos legales de desalojo que requieran más tiempo y se encargará de desarrollar un registro de denuncias y consultas, así como una base de datos sobre viviendas ocupadas ilegalmente en la ciudad.
“La legislación española debería establecer un plazo máximo de 24 horas para expulsar a los ocupantes ilegales, tal y como sucede en la gran mayoría de países de nuestro entorno”, expresó el alcalde. Asimismo, el primer edil resaltó la labor del departamento como “un paso importante para proteger los derechos de los propietarios y, al mismo tiempo, evitar problemas de convivencia derivados de la ocupación ilegal”.
Por su parte, Barcala también hizo hincapié en la necesidad de que los agentes de la Policía Local cuenten con “protocolos seguros” para poder actuar dentro del marco legal con la “mayor eficacia y rapidez”. En este sentido, anunció que el Ayuntamiento organizará jornadas formativas dirigidas a agentes de policía y funcionarios públicos para que dispongan de herramientas legales y prácticas actualizadas.
Rechazo social y político
Aún así, Raúl Font, del Sindicat del Barri Carolines, insiste que en Alicante hay una media de cuatro desahucios al día y esta oficina no aborda esa realidad. “Lo que necesita la clase trabajadora –argumenta– es la toma de medidas contundentes contra la utilización de la vivienda como bien de mercado con la que poder especular, y no oficinas absurdas utilizadas únicamente para defender los intereses de los propietarios y desviar la atención de los perjuicios que produce el sistema capitalista en nuestras vidas”.
En esta misma línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, destaca que Alicante lidera las estadísticas de desahucios en la Comunitat Valenciana y ocupa uno de los primeros puestos a nivel nacional: “Más de 5.000 familias solicitan una vivienda porque no pueden afrontar el pago del alquiler. Este es el drama real de nuestra ciudad que requiere soluciones estructurales y no una oficina que responde a necesidades inexistentes”.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, muestra su preocupación por la asignación de recursos a este organismo. “Queremos conocer los detalles sobre si esta oficina implica una nueva área o si se han reasignado competencias a la Policía Local. Esto ocurre en un contexto donde los recursos policiales ya están bajo mínimos”, señala Mas, añadiendo que los sindicatos policiales con los que ha dialogado comparten estas inquietudes.
Por su parte, desde el grupo socialista su portavoz Ana Barceló califica la medida como “innecesaria” y acusa al equipo de gobierno de alimentar un “debate ideológico” en lugar de abordar iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda. El PP defiende su postura para la implantación de la Oficina Contra la Ocupación Ilegal de viviendas, atendida por agentes del cuerpo municipal, con el objetivo de “garantizar el legítimo derecho a la propiedad y protegerlo frente a supuestos de usurpación y allanamiento de morada”.