El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por siete establecimientos hosteleros del Casco Antiguo y ha ordenado la suspensión del acuerdo municipal por el que se aplicaba de manera inicial la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) desde el pasado 14 de octubre, que reduce horarios y terrazas.
Así, la resolución, firmada el viernes 28 de noviembre y notificada este pasado lunes 1 de diciembre, paraliza la ejecución del acuerdo provisional mientras se resuelve el fondo del recurso presentado por los empresarios. Todo un revés judicial que ha sentado “como un jarro de agua fría” entre los vecinos del barrio histórico de Alicante tras años exigiendo una solución contra el ruido.
No obstante, desde principios de noviembre se encuentra en vigor un acuerdo posterior, aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno tras completar los trámites preceptivos, incluido el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente. Por este motivo, el Ayuntamiento asegura que la decisión judicial “no afecta a las restricciones actualmente vigentes”, aunque el auto de la jueza abre la puerta a que estas también puedan ser suspendidas si prospera la petición de medidas cautelares presentada la semana pasada.
El juzgado aprecia “riesgo de perjuicios”
La magistrada responsable del caso señala que la aplicación inmediata de las limitaciones de horarios podría ocasionar “daños y perjuicios de suficiente entidad como para suponer la pérdida de la finalidad legítima del recurso”, citando entre ellos la “pérdida de puestos de trabajo, pérdida de beneficios y evidentes perjuicios para los diferentes negocios afectados”.
La jueza recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo establece la posibilidad de suspender un acto administrativo si su ejecución pudiera generar “situaciones de hecho irreversibles” antes de la sentencia definitiva y siempre que no exista un interés general de mayor intensidad.
En este sentido, el auto sostiene que en el caso de la ZAS del Casco Antiguo no se aprecia un “interés público suficientemente acreditado" que compense los perjuicios expuestos por los recurrentes. La jueza indica que “aparentemente no se advierten perjuicios concretos que pudieran derivarse de la continuación de la actividad como viene desarrollándose hasta la fecha”.
Además, subraya que el acuerdo municipal está recurrido por “gran parte” de los negocios afectados, lo que, a juicio del juzgado, refuerza la conveniencia de la suspensión al encontrarse el procedimiento “sub iudice”.
¿Peligra la ZAS del Casco Antiguo?
Las medidas cautelares afectan únicamente al acuerdo provisional aprobado el 14 de octubre, que ya no está vigente tras la entrada en vigor del acuerdo definitivo a principios de este mes de noviembre. La resolución, por tanto, incide en una fase del procedimiento que ha quedado superada administrativamente, aunque el contenido de la norma es idéntico en ambos documentos y la jueza podría tumbar también la normativa actual.
A pesar de ello, el equipo de gobierno sostiene que la ZAS continúa vigente. Así, fuentes del ejecutivo municipal señalaron este lunes que “la resolución no afecta a las medidas definitivas contempladas desde noviembre y sólo alcanza a las correctoras cautelares reclamadas por la parte actora”. Además, el consistorio insistió en que fueron los hosteleros quienes solicitaron la paralización provisional de la fase inicial de la ZAS.
Desde la asociación Alroa, sin embargo, se interpreta un alcance más amplio. Su portavoz, Javier Galdeano, recuerda que ya se ha solicitado la extensión del recurso y de las medidas cautelares al documento aprobado en noviembre “porque entendemos que el contenido es idéntico y que la situación jurídica es la misma”. Galdeano considera, por tanto, que “la ejecución del acuerdo está suspendida y el proceso se repetirá con la aprobación definitiva”.
La oposición cuestiona la gestión del expediente
La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, subraya que la resolución “supone un varapalo para el equipo de gobierno” y pide explicaciones al alcalde, Luis Barcala, y al ejecutivo municipal sobre la gestión y defensa del expediente, afirmando que “la jueza considera que no consta un interés público de intensidad suficiente para mantener estas medidas”.
Barceló añade que la situación afecta “al derecho al descanso” y solicita la convocatoria “urgente” de la comisión contra el ruido para aclarar los pasos a seguir. En esta línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, sostiene que este auto es fruto de “una política de descoordinación, sin previsión ni participación”, y exige que decisiones de esta relevancia “se tengan que trabajar con todos los agentes, no solo desde una vertiente puramente técnica”.
Por su parte, EU-Podem afirma que “Alicante no puede elegir entre economía o salud”. La formación señala que el Casco Antiguo “lleva años en una situación límite por exceso de ruido” y recuerda que la ZAS es “una obligación legal cuando la convivencia está en riesgo”. El grupo pide al Ayuntamiento que “defienda con claridad la medida y garantice su aplicación”, al tiempo que muestra “respeto” al derecho de los hosteleros a recurrir, aunque insiste que el derecho al descanso de los vecinos y vecinas “debe quedar protegido”.