La Junta de Gobierno Local de Alicante-Elche ha dado un paso fundamental este jueves al aprobar el inicio del expediente para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Esta decisión estratégica tiene como objetivo principal regular y ordenar las numerosas campas de vehículos que se han establecido en las inmediaciones del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, una zona que ha experimentado un crecimiento descontrolado de estas instalaciones.
Esta iniciativa responde a una necesidad imperante de adaptar el marco urbanístico actual a la realidad de la zona, donde se ha observado una proliferación progresiva de este tipo de infraestructuras. Se estima que, en la actualidad, existen más de un centenar de estas campas, muchas de las cuales operan en una situación alegal, careciendo de una regulación específica que garantice su correcta integración y funcionamiento.
Contexto y necesidad de la regulación
El alcalde, Pablo Ruz, ha subrayado la importancia de esta medida, declarando que “con este paso iniciamos un proceso administrativo clave para dotar de orden, seguridad jurídica y planificación a una actividad necesaria en el entorno del aeropuerto, pero que debe desarrollarse con criterios claros”. Esta afirmación resalta la dualidad de la situación: por un lado, la actividad de almacenamiento de vehículos es esencial para la logística aeroportuaria y el sector turístico; por otro, su desarrollo desordenado ha generado problemas urbanísticos y ambientales.
La ausencia de una normativa clara ha propiciado que estas campas se hayan implantado sin las condiciones adecuadas, afectando potencialmente al paisaje, la infraestructura vial y la convivencia con los núcleos residenciales cercanos. La modificación del PGOU busca precisamente subsanar estas deficiencias, estableciendo un marco legal que permita la coexistencia armónica entre el desarrollo económico y la protección del territorio.
El proceso de modificación del PGOU
La revisión del Plan General de Ordenación Urbana permitirá establecer las condiciones específicas bajo las cuales estas actividades podrán operar. Esto incluye la definición de:
- Límites claros para la extensión de las campas.
- Ubicaciones adecuadas que minimicen el impacto ambiental y urbanístico.
- Infraestructuras necesarias, como accesos, vallados, sistemas de drenaje y medidas de seguridad.
El propósito fundamental es compatibilizar el desarrollo económico que estas instalaciones aportan con la protección del entorno natural y la calidad de vida de los residentes en las zonas adyacentes. Este proceso de planificación ha sido concebido para garantizar que las futuras implantaciones, y la regularización de las existentes, se realicen bajo criterios de sostenibilidad y ordenación territorial.
Intensificación de las inspecciones urbanísticas
En paralelo a la tramitación de la modificación del PGOU, el Ayuntamiento ha intensificado significativamente las labores de inspección urbanística sobre estas campas de vehículos. El alcalde Pablo Ruz ha detallado que “desde principios de 2025 se han realizado ya una decena de inspecciones, cuyos informes han sido remitidos a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio”.
Estas inspecciones son cruciales para identificar las instalaciones que operan sin licencia o incumpliendo la normativa vigente, y para recopilar la información necesaria que sustente las decisiones en el proceso de modificación del plan. Además, se ha previsto un refuerzo y una coordinación más estrecha entre los departamentos municipales de Urbanismo, Aperturas y la Policía Local. Esta colaboración interdepartamental se centrará especialmente en aspectos críticos como los accesos a las campas, la gestión del tráfico que generan y la seguridad vial en las carreteras circundantes.
Objetivos y beneficios de la nueva normativa
La planificación propuesta por el Ayuntamiento de Alicante-Elche ha sido comparada por el alcalde con la estrategia que ya se ha aplicado para la instalación de placas fotovoltaicas. Este enfoque ha permitido concentrar actividades específicas en zonas designadas, asegurando su correcta integración en el territorio y minimizando impactos negativos. Los beneficios esperados de esta nueva regulación son múltiples:
- Seguridad jurídica: Proporcionar un marco legal claro para los operadores de las campas.
- Ordenación territorial: Evitar la dispersión incontrolada de estas instalaciones.
- Protección ambiental: Establecer requisitos para la gestión de residuos y el impacto visual.
- Mejora de infraestructuras: Exigir la adecuación de accesos y servicios.
- Control y fiscalización: Facilitar la labor de inspección y el cumplimiento normativo.
Finalmente, el alcalde ha enfatizado una medida preventiva clave: “mientras se desarrolla la tramitación administrativa de modificación, no se permitirá la implantación de nuevas campas”. Esta moratoria temporal busca evitar que la situación se agrave aún más durante el periodo de estudio y aprobación de la nueva normativa, garantizando que cualquier nueva instalación se ajuste ya a los futuros criterios de ordenación.