La Policía Local de Elche ha ejecutado la clausura de una segunda campa de estacionamiento de vehículos en la pedanía de Torrellano Alto, una instalación que, según el Ayuntamiento, ha desarrollado su actividad sin licencia de apertura, ocupaba más de 5.000 metros cuadrados y tenía capacidad para más de 3.500 vehículos.
La actuación se ha llevado a cabo este martes a las 21:00 horas y se ha enmarcado en el procedimiento administrativo puesto en marcha para impedir la implantación y ampliación de nuevas campas mientras se tramita la modificación del PGOU que regulará esta actividad en el entorno del aeropuerto.
El juzgado avala el acuerdo municipal de abril
El alcalde, Pablo Ruz, ha defendido que se trata de “un procedimiento reglado, con todas las garantías administrativas y jurídicas, que no responde a ningún capricho, sino al cumplimiento de la legalidad”. Según ha explicado, la empresa gestora ha solicitado al juzgado medidas cautelarísimas para frenar el cierre, pero esa petición ha sido desestimada.
En el auto judicial, el magistrado ha considerado que el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el pasado 23 de abril “es una medida de alcance general que con contempla excepciones, privilegios ni tratamientos singulares” y ha añadido que la empresa “no puede invocar prejuicios económicos cuando amplió su actividad con posterioridad a dicho acuerdo y con pleno conocimiento de su contenido”. La resolución también ha concluido que el criterio municipal “resulta público, conocido y coherente con los fines perseguidos”.
El Consistorio ha presentado esta clausura como parte de una línea de actuación que sigue abierta mientras avanza la revisión urbanística prevista para ordenar estas actividades en el entorno aeroportuario.
Los vehículos podrán retirarse
La campa clausurada carecía de licencia para desarrollar la actividad y, según las inspecciones realizadas por la Policía Local y los servicios técnicos municipales, había ampliado progresivamente su superficie hasta ocupar nueve parcelas.
El expediente administrativo incluye inspecciones, levantamiento de actas, requerimientos, trámite de audiencia, presentación y desestimación de alegaciones, decreto de clausura y resolución del recurso presentado por la empresa.
Dentro de la instalación permanecen alrededor de 3.650 vehículos, aunque sus propietarios podrán retirarlos cuando lo soliciten mediante un protocolo establecido entre la Policía Local y la empresa gestora. Cada salida contará con acompañamiento policial para garantizar el cumplimiento de la clausura.
Ruz ha recordado que esta es la segunda campa cerrada en las últimas semanas, lo que supone que se ha actuado ya sobre instalaciones con más de 4.500 vehículos. Además, ha anunciado que existen otros dos expedientes muy avanzados que podrían ejecutarse en las próximas semanas, al tratarse de campas que iniciaron su actividad tras el acuerdo municipal del pasado mes de abril.
Más de 110 campas en el municipio
En paralelo, el Ayuntamiento ha continuado con la revisión de la situación administrativa de las más de 110 campas identificadas en el término municipal. Hasta la fecha se han realizado alrededor de 85 inspecciones y se está analizando la situación de 45 instalaciones anteriores a la modificación del PGOU y de otras 30 que cuentan con licencias provisionales concedidas en 2005.
El alcalde ha insistido en que el objetivo municipal “no es cerrar por cerrar, sino garantizar que todas las actividades cumplan la normativa en igualdad de condiciones”, y ha advertido de que el Ayuntamiento seguirá actuando “con firmeza, seguridad jurídica y pleno respeto a los procedimientos legales” para poner fin a la proliferación de campas ilegales en el municipio.