El Ayuntamiento de Elche pondrá en marcha el próximo mes de septiembre una oficina de orientación jurídica dirigida a las personas afectadas por la ocupación ilegal de viviendas. El nuevo servicio, que nace de un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Elche (ICAE), ofrecerá asesoramiento legal y acompañamiento a los propietarios sin que suponga un coste adicional para la ciudadanía.
La iniciativa ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local y busca facilitar a los vecinos información clara sobre los pasos que deben seguir cuando se enfrentan a una ocupación, además de servir de enlace entre los afectados, la administración y los profesionales del ámbito jurídico.
El concejal de Promoción Económica y Empleo, Samuel Ruiz, ha explicado que el objetivo es dar una respuesta a una problemática que afecta especialmente a pequeños propietarios y familias que dependen de una vivienda o de un alquiler como parte de su economía. La oficina estará ubicada en la Casa de la Horchata, un espacio próximo al Colegio de Abogados, y será atendida por personal municipal.
Formación y orientación
Además del asesoramiento jurídico, el proyecto incorpora una vertiente preventiva. El Ayuntamiento organizará charlas y jornadas informativas en barrios y pedanías para explicar cómo actuar durante las primeras 48 horas tras una ocupación, un periodo considerado especialmente importante para orientar a los afectados sobre las vías legales disponibles.
La oficina también ofrecerá atención personalizada para resolver dudas, derivar cada caso a los organismos competentes y facilitar la coordinación con el Colegio de Abogados. Paralelamente, el personal municipal recibirá formación específica para responder con mayor rapidez y eficacia cuando se produzcan este tipo de situaciones.
Con este servicio, el consistorio pretende que los ciudadanos dispongan de un "punto de referencia donde recibir información fiable y evitar la incertidumbre" que suele acompañar este tipo de conflictos.
Más de 150 ocupaciones registradas este año
Los datos facilitados por la Policía Local reflejan que la ocupación continúa siendo una realidad en el municipio. En lo que va de año se han contabilizado 159 ocupaciones, de las que únicamente 28 pudieron resolverse. En ejercicios anteriores se registraron 204 casos en 2022, 140 en 2023 y 176 en 2025, unas cifras que el Ayuntamiento utiliza para justificar la puesta en marcha de este recurso.
El equipo de gobierno considera que la nueva oficina permitirá mejorar la atención a los afectados y reforzar la prevención mediante información jurídica especializada. La intención es que los propietarios conozcan desde el primer momento cuáles son sus derechos, qué procedimientos deben seguir y a qué organismos pueden acudir para afrontar una ocupación con mayores garantías.