El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado este martes la tramitación de una modificación puntual del PGOU con el objetivo de habilitar 57.793 metros cuadrados de suelo de reserva para ampliaciones de Mercalicante.
Así, a Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la tramitación de la Modificación Puntual Nº 53, referente al cambio de calificación de cuatro parcelas industriales, situadas al noreste de las instalaciones actuales, para destinarlas a Sistema General de Servicios Urbanos de Mercado, permitiendo la ampliación del recinto y el impulso de los proyectos de futuro en los que trabajan de la mano ambos socios de Mercalicante, el Ayuntamiento y Mercasa.
Este procedimiento para la reserva de suelo es independiente de la ampliación de Mercalicante en 19.433 metros cuadrados ya aprobada por su Consejo de Administración y cuyos terrenos ya se han expropiado.
"Es preciso atender las necesidades actuales y futuras de un equipamiento tan relevante para la ciudad y su área de influencia como es Mercalicante, adaptando el planeamiento a las oportunidades de los próximos años, en términos de eficiencia y competitividad”, expone el vicealcalde, Manuel Villar. “Para permitir futuras ampliaciones, es necesaria la recalificación de estas parcelas contiguas, urbanizadas pero no desarrolladas por la edificación, cuya situación, proporción y dimensiones las hacen idóneas para este uso”, añade Villar.
Necesidades de ampliación
Entre los motivos que justifican este cambio de calificación de terrenos se encuentran el hecho de que Mercalicante preste un servicio público esencial, la demanda desatendida de suelo y naves por parte de posibles clientes y la imposibilidad de cubrir dicha demanda, la alta ocupación media de Mercalicante en la actualidad, la necesidad de dar servicio a la población actual y futura de Alicante y la limitación de las posibilidades de expansión a las parcelas colindantes disponibles, objeto de esta modificación puntual.
Tras el visto bueno a la tramitación de la Modificación Puntual Nº53 del PGOU, se iniciará su evaluación ambiental y territorial estratégica y se solicitarán los informes a administraciones afectadas en la fase ambiental, estableciéndose un plazo de 30 días para la recepción de estos informes, una vez comunicada la solicitud.