La Comunitat Valenciana y Andalucía han reclamado al Gobierno de España que impulse ante la Unión Europea la activación inmediata de las cláusulas de salvaguarda frente a las importaciones de arroz procedentes de Camboya y Myanmar. Ambas comunidades han sostenido que esas compras en condiciones preferenciales están teniendo un impacto grave sobre el sector productor y han pedido que se utilicen los mecanismos excepcionales disponibles sin esperar a 2027, cuando está previsto que entre en vigor el nuevo sistema automático de salvaguardia.
La petición se ha recogido en una carta conjunta dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y ha sido defendida este miércoles en Madrid por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante los consejos consultivos de Política Pesquera y Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que se han celebrado en el Ministerio.
Una carta conjunta para frenar el impacto de las importaciones
Barrachina ha sostenido que la situación requiere una respuesta inmediata y ha afirmado que las importaciones de arroz en condiciones preferenciales están provocando “el desplome del mercado español”. En esa línea, ha defendido que se activen las cláusulas de salvaguarda “sin esperar a que el perjuicio para los productores sea todavía mayor”.
“Pedimos al Gobierno de España que actúe como nuestro representante ante Bruselas y utilice los mecanismos que existen para frenar unas importaciones que están haciendo un enorme daño al sector arrocero”, ha señalado el conseller.
Además de esa medida, la carta conjunta ha incluido otras peticiones que la Comunitat Valenciana y Andalucía consideran necesarias para recuperar competitividad en el sector. Entre ellas figuran un etiquetado que identifique con claridad el país de origen, la aplicación a los productos importados de las mismas exigencias ambientales, fitosanitarias y de seguridad alimentaria que se exigen a la producción europea, una mayor agilidad para autorizar tratamientos fitosanitarios imprescindibles y el impulso del uso de drones.
Barrachina ha puesto el acento en la transparencia para el consumidor y ha reclamado que las etiquetas permitan distinguir dónde se ha producido realmente el arroz. “No es razonable que la única referencia geográfica que encuentre el consumidor sea 'envasado en España' cuando ese producto puede no contener un solo grano de arroz español”, ha afirmado.
El conseller también ha pedido una mayor capacidad de respuesta ante las plagas y enfermedades que afectan al cultivo. Según ha explicado, esta campaña ha dejado dificultades para determinados tratamientos, por lo que ha reclamado que las autorizaciones necesarias puedan tramitarse con mayor agilidad.
La Comunitat Valenciana reclama más días de pesca en el Mediterráneo
En el Consejo Consultivo de Política Pesquera, Barrachina ha reiterado la posición que la Comunitat Valenciana viene defendiendo junto al resto de comunidades mediterráneas para adaptar la regulación europea a las características de la flota artesanal. En este ámbito, ha reclamado que se amplíen los días de pesca de los arrastreros del Mediterráneo y que las decisiones que afectan a su viabilidad dejen de adoptarse año a año.
El conseller ha advertido de que el sector no puede seguir esperando hasta diciembre para conocer en qué condiciones podrá faenar durante el ejercicio siguiente. “No podemos jugar cada mes de diciembre con la viabilidad de las empresas pesqueras y con la vida de nuestros pescadores. Necesitan más días de pesca y un horizonte regulatorio que les permita saber con tiempo cuáles van a ser las reglas”, ha señalado.
La Generalitat ha respaldado en este punto los avances abordados junto al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, con el objetivo de introducir mayor flexibilidad en la gestión del Mediterráneo y adaptar la normativa comunitaria a las singularidades de su flota.
Barrachina ha insistido también en que las decisiones sobre el esfuerzo pesquero deben apoyarse en la evidencia científica y en la evolución real de los recursos. “Queremos que la ciencia sea la que determine las decisiones y que los cambios tengan estabilidad suficiente para que los pescadores puedan planificar su futuro”, ha afirmado.
El conseller ha concluido que la protección del Mediterráneo debe ser compatible con la continuidad de una actividad económica y social vinculada a los municipios costeros y ha rechazado que la respuesta pase por seguir reduciendo la flota artesanal española. “Proteger el mar y garantizar el futuro de nuestros pescadores son objetivos compatibles. Lo que pedimos es una regulación que entienda la realidad del Mediterráneo y permita que nuestra flota siga trabajando”, ha dicho.