La Generalitat pide blindar el arroz valenciano ante la llegada de producto de Myanmar y Camboya sin aranceles

Miguel Barrachina traslada en la Conferencia Sectorial de Agricultura exigirá al Gobierno que reclame en Bruselas rebajar el límite de 570.000 toneladas importadas

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Humedales de la Albufera (Foto: Pexels)
Humedales de la Albufera (Foto: Pexels)
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La Generalitat pedirá al Gobierno de España que solicite ante la Unión Europea la activación de las cláusulas de salvaguarda para proteger el arroz valenciano frente a las importaciones procedentes de Myanmar y Camboya. El anuncio lo ha hecho el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, tras reunirse con representantes de las organizaciones profesionales agrarias, de Cooperatives agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana y de la industria arrocera para analizar la situación del cultivo y del mercado.

Barrachina ha avanzado que trasladará esa petición este miércoles en Madrid, durante la Conferencia Sectorial de Agricultura, y ha defendido que la respuesta no debe esperar a la activación automática del mecanismo de salvaguarda previsto por la normativa europea. “Los mecanismos existen y queremos que se utilicen. Si la entrada de producto exterior está causando ya un daño grave a nuestros agricultores, no tiene sentido esperar para reaccionar”, ha señalado.

El conseller ha enmarcado esta reclamación en el impacto que, según ha explicado, tienen las importaciones de arroz de Myanmar y Camboya, países que se benefician del régimen europeo “Todo Menos Armas”, que permite la entrada en el mercado comunitario sin aranceles. A juicio de Barrachina, la apertura comercial debe ir acompañada de herramientas eficaces de protección cuando se producen distorsiones graves en el mercado.

La Generalitat pide rebajar el umbral europeo de protección

La nueva regulación europea prevé la activación automática de cláusulas de salvaguardia para el arroz procedente de países beneficiarios, aunque el límite se sitúa en torno a 570.000 toneladas, un volumen que Barrachina ha calificado de desajustado respecto a la realidad productiva valenciana y que, según ha recordado, es cinco veces superior a la producción valenciana. El conseller ha defendido que “este valor no responde a nuestra realidad productiva, siendo necesaria una rebaja considerable para conseguir una protección real del sector arrocero”.

En ese mismo sentido, ha insistido en que “España debe utilizar su posición ante Bruselas para reclamar ya la activación de las herramientas de protección disponibles”. La Generalitat ha planteado así que el Gobierno central dé el paso para pedir en la Unión Europea la puesta en marcha de esa salvaguarda con el objetivo de proteger al sector arrocero valenciano.

Barrachina ha recordado además que la Generalitat sigue esperando respuesta a una reclamación remitida este año al Gobierno de España. En enero, las consellerias de Agricultura e Industria solicitaron que España promoviera la activación de la cláusula de salvaguardia ante el impacto de las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica. “Seguimos esperando respuesta. Nuestros agricultores no pueden depender de la falta de reacción de los ministerios cuando existen instrumentos para defenderlos”, ha afirmado.

Plaga del cucat y trabajo del IVIA en nuevas variedades

En la reunión también se ha abordado la situación del cucat en la campaña actual. La Comunitat Valenciana cuenta con un programa público específico para combatir esta plaga y la Conselleria ha convocado a un grupo de expertos para analizar la campaña en curso y proponer mejoras de cara a la próxima.

Barrachina ha destacado asimismo el trabajo del IVIA, que dispone de una unidad especializada en arroz y desarrolla nuevas variedades más resistentes a plagas, salinidad y sequía, además de líneas de investigación orientadas a mejorar la productividad del cultivo. El conseller ha subrayado que el sector arrocero tiene un valor económico, alimentario y ambiental, especialmente en l'Albufera, y ha asegurado que la Generalitat seguirá defendiendo a los productores con “investigación, sanidad vegetal, promoción y la defensa de todos los instrumentos comerciales que permitan competir en condiciones justas”.