La financiación de los proyectos de ‘Vertido Cero’ en las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia en Alicante ha vuelto al centro del debate hídrico en la provincia tras la exigencia de la Generalitat Valenciana y Diputación al Gobierno central para que asuma unas actuaciones consideradas "estratégicas" para garantizar agua reutilizada al regadío y reforzar los recursos destinados a usos urbanos en la Bahía de Alicante.
El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, acompañado por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina Ros, se ha reunido este lunes con alcaldes y representantes de las comunidades de regantes afectadas por la negativa del gobierno central a financiar estos proyectos “declarados de interés general del estado y avalados por un completo soporte normativo que respalda su urgencia y su necesidad”, ha puntualizado Pérez.
Las actuaciones están enmarcadas dentro de la Ley 11/2005 del Plan Hidrológico Nacional cuya ejecución debería encontrarse "ya concluida". No obstante, ha remarcado el presidente, “permanecen pendientes debido a la falta de impulso por parte del Gobierno de España, circunstancia que ha conllevado, incluso, la pérdida de los fondos europeos asignados para su desarrollo”.
“Son proyectos cuyo impulso recae, en exclusiva bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado y sobre un aspecto ambiental de su competencia”. Por tanto, ha añadido el presidente, “las consecuencias que se puedan derivar del incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, por la no ejecución de las medidas aprobadas en el plan hidrológico y, como consecuencia, no alcanzar los objetivos ambientales de la masa de agua costera".
Pérez también ha puesto encima de la mesa que las "posibles consecuencias jurídicas o penales" por la no eliminación del vertido conforme a la autorización otorgada, "que solo se puede lograr mediante la reutilización de las aguas depuradas", será imputable al Estado.
De no llevarse a cabo estas obras, ha destacado Toni Pérez, "el Gobierno estaría incumpliendo su compromiso con un proyecto de interés general y sumando un nuevo agravio a la larga lista de desprecios que en materia hídrica viene infringiendo Pedro Sánchez a esta provincia, como los continuos recortes ideológicos del trasvase Tajo-Segura o el abandono de la balsa de San Diego, esencial para el trasvase Júcar-Vinalopó".
El dirigente alicantino ha concluido afirmando que en esta reivindicación "la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana están perfectamente alineadas para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un trato justo para la provincia de Alicante en materia hídrica".
En esta misma línea se ha manifestado Barrachina, quien ha señalado que “somos plenamente conscientes de que se trata de actuaciones fundamentales para mejorar la calidad de las aguas de las playas de la Bahía de Alicante, pero también para garantizar recursos hídricos para nuestros regantes. No podemos permitir que el Gobierno de España recorte el agua destinada a nuestros campos y, al mismo tiempo, niegue las inversiones necesarias para generar más recursos”.
En este sentido, el conseller de Agricultura ha trasladado a regantes y alcaldes que el Consell va a seguir insistiendo ante el Gobierno de España para que “estas dos actuaciones sean una realidad lo antes posible. Estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo de financiación, porque somos plenamente conscientes de la necesidad de garantizar agua para la agricultura y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de nuestras playas”.