El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha exigido al Gobierno de España que asuma sus competencias y ejecute las obras de protección de cauces pendientes en la Comunitat Valenciana tras la dana. Durante una visita este miércoles a Buñol, donde se han repasado los trabajos de reparación en el río Buñol, Barrachina ha defendido que la Generalitat está actuando en cauces urbanos dañados que, según ha subrayado, son competencia estatal.
“La Generalitat está actuando en cauces urbanos dañados por la dana que son competencia del Estado, y lo hacemos porque los vecinos no pueden esperar, pero quien tiene que asumir sus responsabilidades es el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha señalado el conseller, que ha vinculado esa reclamación a las actuaciones pendientes en distintos municipios afectados por las lluvias de octubre de 2024.
Una obra de un millón de euros en el río Buñol
Barrachina ha realizado estas declaraciones en su visita a las obras de reparación de los daños ocasionados por la dana de octubre de 2024 en el río Buñol. La actuación se integra en el área 1 del plan de encauzamientos urbanos de la provincia de Valencia, que agrupa intervenciones en Alborache, Buñol, Caudete de las Fuentes, Chera, Requena, Utiel y Yátova.
En el caso de Buñol, la obra cuenta con un presupuesto específico de un millón de euros y se centra en la protección del talud de la margen izquierda del río mediante la ejecución de un muro de escollera de 81 metros de longitud y hasta 9 metros de altura. Según ha explicado el conseller, la intervención beneficia directamente a los 9.858 vecinos del municipio, protege el vial municipal y permite recuperar el parque fluvial, al que ha descrito como un espacio de uso ciudadano y también como un activo turístico y económico para la localidad.
La Generalitat ha destinado 46 millones de euros a la reparación de cauces urbanos dañados por la dana, con 45 actuaciones en 30 municipios. Entre los trabajos previstos o en marcha figuran limpieza y reparación general de daños, reconstrucción de cajeros, lechos y márgenes, movimiento de tierras, gaviones, escolleras, muros de hormigón y reposición de servicios afectados.
Críticas a la CHJ y a las obras pendientes del Estado
Barrachina ha insistido en que estas actuaciones son necesarias para proteger municipios, viviendas, vías urbanas y espacios públicos, y ha reprochado que la Generalitat tenga que hacerse cargo de trabajos que atribuye al Estado. En ese contexto, ha afirmado: “Estamos hablando de obras necesarias para proteger municipios, viviendas, vías urbanas y espacios públicos. La Generalitat ha dado un paso adelante, pero no podemos normalizar que tengamos que hacer el trabajo del Estado y que, además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) cobre tasas por autorizarlo”.
El conseller ha pedido a la CHJ que trate a los ayuntamientos, a los agricultores y a la Generalitat “como aliados, no como administraciones a las que ralentizar o cobrar por actuar”. También ha reclamado al Gobierno de España que acelere las obras pendientes, ponga en marcha el sistema de alerta temprana anunciado hace años, actúe de forma decidida en barrancos y cauces e implante de manera efectiva los planes de emergencia de los embalses.
Según ha recordado, de las 19 presas públicas de la Comunitat Valenciana, la única que cuenta con el Plan de Emergencia plenamente implantado y operativo es la presa de Buseo, de titularidad autonómica. “Mientras la Generalitat ha hecho los deberes en la única presa de su titularidad, seguimos reclamando al Gobierno que implante los planes de emergencia pendientes en las 18 presas estatales”, ha indicado.
Como ejemplo de obras todavía sin ejecutar, Barrachina ha citado el barranco del Poyo y la Saleta, dos actuaciones de competencia estatal que, ha dicho, siguen pendientes casi dos años después de la dana. Sobre el Poyo, ha asegurado que se ha reconocido que las obras definitivas no empezarán antes de 2030. En cuanto a la Saleta, ha afirmado que el Gobierno todavía no ha adjudicado su primera gran obra hidráulica.
El conseller ha cerrado su intervención defendiendo que la Generalitat “va a seguir actuando donde haga falta” para proteger a los municipios afectados, al tiempo que ha reiterado su petición al Ejecutivo central para que asuma sus competencias, acelere las obras hidráulicas pendientes y deje de poner trabas a quienes están actuando.