La Diputación de Alicante destinará este año un total de 100.000 euros para ayudar a los ayuntamientos de la provincia a equipar y mejorar las instalaciones de sus archivos municipales. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado esta semana las bases de esta convocatoria de subvenciones, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 30 de marzo.
Con esta iniciativa, la institución provincial busca reforzar el trabajo que realizan las administraciones locales para conservar y proteger la documentación histórica y administrativa que custodian.
Entre los materiales y equipamientos que podrán adquirirse gracias a estas ayudas se encuentran estanterías metálicas, armarios compactos para optimizar el espacio de almacenamiento, vitrinas expositoras destinadas a la difusión del patrimonio documental, así como medidores especializados de temperatura y humedad que permiten garantizar unas condiciones ambientales adecuadas para la correcta conservación de los documentos.
También se incluyen planeros para el almacenamiento de documentos de gran formato y escáneres destinados a la digitalización de fondos archivísticos, una herramienta cada vez más importante para facilitar el acceso a la información y preservar los originales. El programa está dirigido a municipios de hasta 100.000 habitantes, que en muchos casos cuentan con recursos limitados para afrontar este tipo de inversiones.
“Gracias a estas ayudas, colaboramos con nuestros ayuntamientos en la conservación, restauración y preservación de la documentación existente en sus archivos municipales, un proceso esencial para la protección del patrimonio documental local que, en ocasiones, muchos consistorios tienen dificultades para llevar a cabo debido a la falta de medios económicos y materiales”, ha señalado el diputado responsable del área, David Aracil.
Asimismo, el diputado ha explicado que, para poder acceder a estas ayudas, los municipios deberán contar con un Servicio de Archivo propio dotado de personal archivero titulado y disponer de unas instalaciones adecuadas que garanticen la correcta conservación y gestión de los documentos públicos.
De este modo, la Diputación pretende asegurar que las inversiones se realicen en archivos que ya cuentan con una estructura profesional mínima y que pueden garantizar el adecuado tratamiento técnico de la documentación.