El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha acusado al Gobierno central de haber impedido el debate sobre la modificación del Reglamento General de Costas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, pese a que varias comunidades autónomas habían pedido formalmente que el asunto se incorporara al orden del día.
Según ha explicado, la Comunitat Valenciana y otras autonomías litorales han registrado una propuesta para pedir la suspensión de la tramitación del proyecto de Real Decreto que reforma el reglamento y para solicitar una conferencia sectorial monográfica en la que el Ministerio para la Transición Ecológica detallara el alcance de la reforma y sus efectos sobre las competencias autonómicas y la gestión del litoral. Martínez Mus ha defendido que la iniciativa contaba con el respaldo suficiente para ser debatida, al representar al menos a una tercera parte de los miembros de la conferencia sectorial.
El conseller ha sostenido que la reforma afecta de forma directa a las competencias de las comunidades autónomas en ordenación y gestión del litoral, en un momento en el que la mayoría de los territorios costeros ya han asumido o están en proceso de asumir esas atribuciones. También ha afirmado que la modificación genera preocupación entre comunidades autónomas y sectores sociales y económicos vinculados a la costa, porque, a su juicio, amplía la inseguridad jurídica y facilita nuevos deslindes sobre viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en el litoral.
Martínez Mus ha señalado que el Consell lleva meses pidiendo la paralización de esta modificación normativa y la apertura de un diálogo real con las comunidades autónomas. Ha añadido que la Generalitat seguirá defendiendo los intereses de los municipios costeros, de los propietarios afectados y de los sectores productivos vinculados al litoral frente a unas decisiones que, según ha dicho, “ponen en riesgo la seguridad jurídica y dificultan la planificación territorial”.
El vicepresidente tercero ha asegurado además que el Ministerio, encabezado por Sara Aagesen, mantiene su estrategia para aprobar el nuevo reglamento el próximo julio. En ese contexto, ha insistido en que “El Gobierno ha optado por impedir el debate” y ha reclamado de nuevo una conferencia sectorial específica para abordar una reforma que, según ha dicho, afecta a la gestión del litoral español y al futuro de miles de familias y actividades económicas asentadas en la costa.
Por último, ha reiterado el compromiso del Consell con una política de costas basada en la protección ambiental, la seguridad jurídica, la colaboración institucional y el respeto a las competencias autonómicas, y ha defendido la ley de costas valenciana, que buscaba dar alternativas a los deslindes y que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.