El Consell ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, una reforma con la que el Gobierno valenciano ha buscado modernizar el marco urbanístico y territorial y responder a tres frentes que ha situado en el centro de la medida: el acceso a la vivienda, la simplificación administrativa y el desarrollo equilibrado del territorio.
El portavoz del Consell, José Díez, ha anunciado la decisión en la rueda de prensa posterior al Pleno, en la que ha comparecido junto al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus. Según ha explicado Martínez Mus, “la Comunitat Valenciana contará con una ley más clara, operativa y adaptada a las necesidades actuales de los municipios, las familias y la actividad económica”.
El nuevo texto ha planteado, según el Consell, un refuerzo de la seguridad jurídica, una reducción de cargas y una agilización de los procedimientos para facilitar la gestión urbanística. También ha incorporado instrumentos para movilizar suelo y patrimonio público con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda, en especial protegida y asequible, y de compatibilizar ese impulso con la protección del territorio y la sostenibilidad ambiental.
Martínez Mus ha subrayado además que “la vivienda ocupa una posición central en la nueva ley, porque disponer de suelo y acortar los procedimientos es imprescindible para aumentar la oferta y facilitar el acceso a un hogar a precios asequibles”.
Más suelo para vivienda y más peso del medio rural
El anteproyecto ha colocado también al medio rural y a los municipios en riesgo de despoblación en el centro de la planificación territorial. La futura ley ha previsto medidas específicas para adaptar el urbanismo a esa realidad, simplificar el planeamiento, proteger los núcleos rurales tradicionales y favorecer nuevas oportunidades de desarrollo en esas zonas.
Tras la aprobación del anteproyecto, el texto ha comenzado su tramitación consultiva con la solicitud de informes al Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana y al Consell Jurídic Consultiu. Ese paso será previo a que el Consell lo apruebe como proyecto de ley y lo remita a Les Corts para su tramitación parlamentaria.
En la misma comparecencia, el Consell ha dado cuenta de otros acuerdos y decisiones adoptadas en el Pleno. Entre ellas, ha destacado la toma de razón del tercer informe trimestral sobre la ejecución del Plan Endavant, correspondiente al periodo entre abril y junio de 2026.
Según los datos facilitados, el 92 % de las 343 iniciativas del plan ya ha sido activado. En total, 252 actuaciones se encuentran en ejecución y 63 se han completado. Durante el último trimestre se han activado 92 iniciativas, lo que el Consell ha presentado como el mayor avance trimestral desde la aprobación del plan. Además, las consellerias habían finalizado 72 actuaciones de su competencia a 30 de junio.
La Generalitat ha habilitado desde la DANA 4.412 millones de euros para la recuperación, de los que 987 millones corresponden a ayudas. También ha puesto en marcha 45 líneas de apoyo dirigidas a familias, autónomos, empresas, explotaciones agrarias y municipios afectados. Martínez Mus ha añadido que el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026 contempla más de 1.300 millones de euros destinados a actuaciones de recuperación y reconstrucción.
Obras judiciales en Torrent, movilidad laboral y medidas sanitarias
El Consell ha autorizado también las obras del nuevo Palacio de Justicia de Torrent, con una inversión de 30,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. El edificio contará con ocho salas de vistas y espacios para juzgados, fiscalía, registro civil, equipos forenses, cuerpos de seguridad y colegios profesionales. Díez ha afirmado que “Torrent contará con una sede judicial moderna, accesible y adaptada a las necesidades reales de sus órganos judiciales”.
En materia de igualdad y empleo público, el Gobierno valenciano ha aprobado la prórroga del convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para facilitar la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. El acuerdo permite que las trabajadoras de la Generalitat y de las entidades locales adheridas puedan trasladarse a un puesto similar en otra administración, manteniendo sus retribuciones. Díez ha señalado que “se trata de ofrecer una protección real a mujeres que necesitan rehacer su vida sin perder su empleo ni sus derechos”.
Además, el Consell ha autorizado la contratación de medicamentos para los centros sanitarios públicos por un valor estimado de 86,4 millones de euros. El suministro incluye tratamientos para la enfermedad renal crónica, trasplantes, infarto agudo de miocardio y determinadas patologías cerebrales degenerativas. También ha aprobado un convenio con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para reforzar la vigilancia de posibles reacciones adversas a medicamentos de uso humano.
Un plan de choque para la climatización escolar
Por último, el vicepresidente ha anunciado la puesta en marcha de un primer Plan de Choque Climatización para mejorar la climatización de los centros educativos de cara al inicio del próximo curso. Según ha explicado, este mismo día se harán efectivos ingresos de entre 5.000 y 25.000 euros para un total de 1.658 centros educativos, con una inversión global de 16 millones de euros.
La actuación permitirá acometer de forma inmediata medidas provisionales para adaptar las instalaciones ante los problemas de climatización, mientras se desarrolla un plan integral que contempla la climatización de todos los colegios y cuya ejecución está prevista para el próximo año.