El Consell ha aprobado el decreto que articula el nuevo Reglamento de selección, movilidad y provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat, una norma que actualiza estos procedimientos y los adapta a la Ley 4/2021, de Función Pública Valenciana.
Según el texto aprobado, el reglamento sustituye al Decreto 3/2017, hasta ahora vigente en esta materia, y busca ofrecer un marco normativo que refuerce la seguridad jurídica en los procesos de selección, provisión y movilidad del personal, además de mantener los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
Más peso para la oposición y nuevas garantías en los procesos selectivos
La nueva regulación ordena los distintos sistemas de acceso al empleo público: oposición, concurso-oposición y concurso. De acuerdo con la Ley de Función Pública Valenciana, la oposición se mantiene como el sistema ordinario y preferente, y al menos el 50 % de los puestos de la oferta pública de empleo anual deberán reservarse para esa modalidad.
El reglamento también incorpora medidas para reforzar las garantías de los procesos selectivos. Entre ellas figuran criterios sobre la composición y el funcionamiento de los órganos técnicos de selección, la confidencialidad y el anonimato de las pruebas escritas, así como la posibilidad de conservar la nota de determinados ejercicios para la convocatoria siguiente cuando se superen los umbrales establecidos.
Una de las principales novedades es la creación de una Comisión Permanente de Selección, un órgano especializado y permanente que se encargará de ejecutar determinados procesos selectivos con el objetivo de mantener criterios homogéneos entre convocatorias.
Reservas específicas para personas con discapacidad
El nuevo reglamento mantiene y desarrolla medidas dirigidas a favorecer el acceso al empleo público de las personas con discapacidad y a garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.
En este ámbito, las ofertas de empleo público reservarán un mínimo del 10 % de las vacantes para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, con el objetivo de alcanzar al menos un 3 % del total de efectivos.
De ese mínimo del 10 %, al menos el 5 % de las plazas ofertadas se destinará a personas que acrediten discapacidad intelectual o enfermedad mental. En concreto, la norma reserva un 3 % para personas con discapacidad intelectual y un 2 % para personas con enfermedad mental, mientras que el resto se dirigirá a personas con cualquier otro tipo de discapacidad o diversidad funcional.
Además, el reglamento contempla la posibilidad de convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual y medidas de adaptación de las pruebas y de los puestos de trabajo.
Movilidad, bolsas de empleo y planificación de recursos humanos
La norma dedica una parte relevante a la provisión de puestos y a la movilidad del personal funcionario, mediante concursos ordinarios y específicos, libre designación y otros sistemas de provisión temporal. También regula las comisiones de servicios para la puesta en marcha de proyectos y para el desempeño de funciones especiales no asignadas a un puesto concreto, una fórmula que la Administración podrá utilizar ante sobrecargas imprevistas o situaciones de emergencia.
El decreto incorpora, además, una regulación específica de la adaptación o cambio de puesto por motivos de salud o discapacidad, la rehabilitación de la condición de personal funcionario, la movilidad interadministrativa y las distintas modalidades de movilidad forzosa.
En materia de empleo temporal, la disposición establece nuevas previsiones para la selección del personal temporal y para la constitución y el funcionamiento de las bolsas de empleo temporal, vinculadas a las correspondientes ofertas de empleo público.
Asimismo, el texto regula el grado personal del funcionario de carrera e interino y los planes de ordenación de recursos humanos, que se configuran como instrumentos para mejorar la planificación, la distribución, la formación, la promoción profesional y la movilidad del personal de la Generalitat. El reglamento se completa con la creación de la Comisión de Estudio de la Discapacidad, encargada de asesorar en el acceso al empleo público, la provisión y la promoción profesional de las personas con discapacidad.
El Consell ha señalado que el nuevo texto responde a la necesidad de actualizar la regulación de estos procesos y adaptarla al marco de la Ley de Función Pública Valenciana. Según la información facilitada, el decreto ha sido objeto de negociación con representantes sindicales.