El Consell ha incrementado en dos años un 54 % de media la financiación destinada a 96 municipios de menos de 300 habitantes y en riesgo de despoblación, según ha señalado el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, durante la reunión de la Comisión Interdepartamental del Consell contra el Despoblamiento y por la Equidad Territorial. Díez ha enmarcado el refuerzo en la estrategia de la Generalitat para favorecer a los pueblos con menos población y recursos y para garantizar un desarrollo equilibrado de todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
Una asignación mínima de 15.000 euros para los pueblos en riesgo
Díez ha explicado que la Generalitat ha “blindado un sistema de asignación con discriminación positiva” hacia los municipios con menos habitantes para asegurar que ninguna localidad en riesgo de despoblación reciba una asignación anual inferior a 15.000 euros. Según ha detallado, esa cuantía triplica el mínimo anterior, fijado en 5.000 euros.
El vicepresidente segundo ha señalado además que el cambio ha tenido reflejo en las transferencias. En 2025, ha indicado, los pueblos más pequeños cobraron más de 1,9 millones de euros, frente a los 1,2 millones de 2023, es decir, unos 700.000 euros adicionales.
Díez ha subrayado que la despoblación es uno de los grandes retos estructurales de la Comunitat Valenciana y que “exige una respuesta transversal, coordinada y sostenida en el tiempo” para evitar que vivir en un municipio rural y en riesgo de despoblación suponga una desventaja en el acceso a servicios públicos, oportunidades económicas o infraestructuras.
PIRD-CV 2026-2030: estrategia participativa para 2026-2030
Durante la misma reunión, el Consell ha puesto el foco en el Plan Integral para el Reto Demográfico de la Comunitat Valenciana (PIRD-CV 2026-2030), presentado como la principal herramienta de la Generalitat para afrontar los desafíos demográficos de las zonas rurales e impulsar la cohesión social, económica y territorial.
El vicepresidente ha explicado que el plan parte de la premisa de que la despoblación no constituye únicamente un problema demográfico, sino un fenómeno que afecta directamente a la igualdad de oportunidades, al acceso a los servicios esenciales y a la calidad de vida de la ciudadanía residente en el medio rural. Según José Díez, “el valor del plan se basa en que es participativo”, al dar voz a los actores del territorio a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, los alcaldes, las diputaciones, las diferentes conselleries, la universidad y a las instituciones valencianas y asociaciones; además, ha dicho que es activo y dinámico, al incluir la creación de un laboratorio que mide el impacto de las acciones e interviene para proponer correcciones a posibles desviaciones.
El documento se estructura en torno a ocho ejes estratégicos, más de treinta programas de actuación y 190 acciones concretas, orientadas a generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida en el medio rural valenciano. Los ocho ejes son: empleo y economía; vivienda y función residencial; servicios públicos y privados de calidad; conectividad y transporte; medio ambiente y desarrollo territorial; turismo rural sostenible; cultura, patrimonio e identidad; y gobernanza, evaluación y seguimiento.