La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha aprobado la prórroga de los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2028. La prórroga cuenta con una dotación total prevista de 742.670.256 euros, según la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
La medida afecta a los conciertos sociales suscritos con entidades de iniciativa social en los ámbitos de atención a personas con discapacidad y problemas de salud mental, infancia y adolescencia, personas mayores dependientes y personas en situación o riesgo de exclusión social pertenecientes a colectivos vulnerables. La prórroga da continuidad a los acuerdos convocados en 2022 y a las ampliaciones de plazas e incrementos de módulos que se han aprobado durante su vigencia.
Qué recursos se mantendrán hasta junio de 2028
La resolución mantiene el número de plazas y centros concertados incluidos en los distintos expedientes, con los importes y condiciones fijados para cada recurso. En la práctica, esto implica que la red concertada incluida en dichos expedientes no se modifica durante el nuevo periodo de prórroga.
Del importe global, 362,6 millones de euros corresponden al sector de discapacidad y salud mental. Además, la atención a la infancia y la adolescencia contará con 204,4 millones de euros para el mantenimiento de recursos residenciales, hogares de emancipación, centros de día y otros servicios especializados.
Por su parte, la red de servicios dirigida a personas mayores dependientes dispondrá de 138 millones de euros para la continuidad de plazas residenciales y centros de atención diurna. Asimismo, la acción concertada destinada a personas en situación o riesgo de exclusión social pertenecientes a colectivos vulnerables contará con una dotación de 37,7 millones de euros.
La Conselleria vincula la prórroga a la futura actualización del sistema
La secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Rosa Ferrando, ha defendido que la prórroga es la opción que permite garantizar la continuidad de la atención mientras se desarrolla el proceso de actualización del sistema y se prepara una nueva convocatoria de acción concertada adaptada a las necesidades actuales de los distintos sectores.
Ferrando ha indicado que la medida ofrece estabilidad a las entidades de iniciativa social que forman parte de la red concertada y evita que puedan producirse situaciones de incertidumbre durante el periodo de transición hacia el nuevo modelo. En el ámbito de la infancia y adolescencia, ha señalado que la continuidad de los acuerdos permite mantener la prestación de los servicios mientras se ultiman los trabajos técnicos y normativos vinculados a la futura configuración del sistema.
La nueva convocatoria estará vinculada al futuro Decreto de Tipologías y tendrá como objetivo incorporar mejoras planteadas por las entidades desde la puesta en marcha de la acción concertada en 2022. Según la secretaria autonómica, desde el segundo semestre de 2022 los módulos económicos se han incrementado un 14,5%, con el objetivo de corregir progresivamente el desfase acumulado en ejercicios anteriores.
El departamento mantiene, además, la previsión de seguir estudiando nuevas actualizaciones de módulos durante 2026 y 2027, en función de la disponibilidad presupuestaria. La ampliación del plazo permitirá adaptar la futura convocatoria a las nuevas condiciones jurídicas derivadas de la reciente jurisprudencia sobre la acción concertada y completar la tramitación administrativa necesaria para la puesta en marcha del nuevo procedimiento.