La Generalitat ha remitido a la Agencia Estatal de Transformación Digital un informe en el que ha advertido de deficiencias en el servicio de soporte del Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores (CAID), el organismo encargado de gestionar las incidencias y las autorizaciones necesarias para acceder a los servicios de la Plataforma de Intermediación de Datos.
Según el documento, las demoras detectadas no se limitan a un problema técnico, sino que han empezado a afectar al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas al dificultar el uso de una infraestructura que la Generalitat considera esencial para la tramitación administrativa y para el ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a no aportar documentos que ya obran en poder de la Administración, reconocido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
La Plataforma de Intermediación de Datos permite a las administraciones consultar de forma directa información como la identidad, el empadronamiento, la situación tributaria o con la Seguridad Social, los títulos académicos, la condición de familia numerosa, la discapacidad o los datos catastrales, entre otros. La Generalitat ha señalado que solo ella realiza más de 38 millones de consultas interoperables al año mediante estos servicios, que ha descrito como uno de los pilares de la administración digital y de la interoperabilidad.
Retrasos en incidencias y autorizaciones
El informe trasladado al Estado ha apuntado que desde hace meses se vienen produciendo demoras significativas en la resolución de incidencias y, sobre todo, en la tramitación de autorizaciones necesarias para acceder a determinados servicios de verificación de datos. Ese retraso, según la Generalitat, ha complicado tanto la puesta en marcha de nuevos procedimientos como la gestión de otros ya existentes en los que la normativa prevé expresamente que la Administración obtenga la información mediante consulta interoperable.
El director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, ha explicado que “estas demoras están dificultando la implantación de nuevos procedimientos administrativos y afectan también a la tramitación de procedimientos ya existentes cuya regulación prevé expresamente que la Administración obtenga la información necesaria mediante consulta interoperable”.
Entre los procedimientos afectados, la Generalitat ha citado becas universitarias, ayudas a comunidades de regantes, subvenciones de innovación educativa, ayudas al deporte, licencias de pesca, procedimientos agrarios, ayudas sanitarias y expedientes de entidades locales de la Comunitat Valenciana.
Ortega ha añadido que “cuando un procedimiento ha sido diseñado para que el ciudadano no tenga que aportar determinada documentación, la falta de acceso a los servicios de interoperabilidad sitúa a la Administración en una posición especialmente compleja: necesita verificar el cumplimiento de los requisitos para resolver el expediente, pero tampoco resulta coherente trasladar nuevamente al ciudadano la obligación de aportar una documentación que la propia normativa ha eliminado”.
Coste administrativo y petición de medidas urgentes
Además del impacto sobre la tramitación, el informe ha incorporado una estimación orientativa del coste que tendría sustituir las consultas interoperables por actuaciones manuales. En la Comunitat Valenciana, esa alternativa supondría dedicar más de 6,3 millones de horas de trabajo administrativo, con un coste interno estimado cercano a los 140 millones de euros anuales, además de un aumento de las cargas para ciudadanos y empresas.
La Generalitat ha advertido también de que una degradación prolongada de estos servicios comprometería la seguridad jurídica de los procedimientos, ralentizaría la implantación de nuevas políticas públicas y deterioraría la confianza en los servicios públicos digitales. Por ese motivo, la Dirección General de Simplificación Administrativa y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han pedido a la Agencia Estatal de Transformación Digital que adopte medidas urgentes para reforzar la capacidad operativa del servicio de soporte, agilizar la tramitación de autorizaciones, fijar compromisos claros de nivel de servicio y mejorar la coordinación entre los equipos responsables de la Plataforma de Intermediación de Datos y las administraciones usuarias.
El director general de Simplificación Administrativa ha defendido que “la interoperabilidad ya no es únicamente una herramienta tecnológica; constituye una infraestructura esencial para el funcionamiento de la Administración digital y para garantizar un derecho reconocido por la Ley 39/2015”. También ha subrayado que “cuando esta infraestructura no responde con la agilidad necesaria, el problema deja de ser informático para convertirse en un problema de gestión pública, porque condiciona la capacidad de las administraciones para tramitar procedimientos, ejecutar políticas públicas y prestar un mejor servicio a la ciudadanía”.
La Generalitat ha trasladado, además, su disposición a colaborar con la Agencia Estatal de Transformación Digital para identificar e implantar las mejoras necesarias que permitan garantizar el funcionamiento de un servicio que considera estratégico para el conjunto de las administraciones públicas.