La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha convocado una nueva línea de ayudas para financiar los gastos derivados del asesoramiento jurídico profesional en casos de desalojo o recuperación de la posesión por ocupación ilegal de viviendas en la Comunitat Valenciana, así como para sufragar posibles reparaciones de daños en esos inmuebles.
La convocatoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ha contado con una dotación inicial de 250.000 euros, ampliable hasta 750.000 euros. Según la resolución, las personas beneficiarias podrán recibir hasta 500 euros para cubrir gastos de asesoramiento legal y hasta 1.500 euros por beneficiario para reparar los daños ocasionados en la vivienda.
Quién podrá pedir la ayuda y qué documentación se exige
Podrán solicitar estas ayudas las personas propietarias o usufructuarias de una vivienda situada en la Comunitat Valenciana que haya sido objeto de ocupación ilegal y que, además, estén en posesión de la vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana con una antigüedad mínima de un año en el momento de presentar la solicitud.
El plazo de presentación finalizará el 10 de septiembre. La tramitación deberá hacerse, preferentemente, mediante el formulario disponible en la sede electrónica de la Generalitat. Junto a la solicitud, la convocatoria exige aportar la documentación que acredite la titularidad o el derecho de usufructo sobre la vivienda, la ocupación ilegal mediante denuncia o demanda y un documento que justifique el coste de los servicios profesionales solicitados.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado que esta nueva línea de ayudas tiene como objetivo prioritario “proteger a los propietarios de viviendas frente a la ocupación ilegal” y que supone “un nuevo paso para garantizar el derecho a la propiedad”. Camarero ha recordado además que la medida se incluye en las cuentas públicas de la Generalitat para 2026, donde la dotación presupuestaria alcanzará el millón de euros.
Un plan más amplio contra la ocupación y la inquiocupación
La Conselleria ha enmarcado esta convocatoria dentro del Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas puesto en marcha por el Consell. Camarero ha afirmado que este plan “supone un cambio de modelo en la forma de afrontar la ocupación ilegal y la inquiocupación”, a los que ha descrito como un problema que afecta a miles de propietarios y que incide en la convivencia, el deterioro de los barrios, la inseguridad y la vulneración de derechos como la propiedad y la inviolabilidad del domicilio.
En esa misma línea, la vicepresidenta ha sostenido que “la ocupación y la inquiocupación son síntomas de un problema mayor: la falta de vivienda”, y ha defendido que el Consell está actuando “en todos los frentes”, con construcción de más vivienda, movilización de suelo, apoyo a los jóvenes y protección a los propietarios.
Además de esta nueva línea de ayudas, Camarero ha destacado otros recursos impulsados por el Consell, entre ellos la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación, que ya está en funcionamiento para ofrecer asesoramiento, prevención y atención integral y gratuita en toda la Comunitat Valenciana.
La titular de Vivienda ha añadido que los presupuestos de la Generalitat para 2026 incrementan los recursos destinados a perseguir este delito. Según ha explicado, la partida para asesoramiento jurídico, desalojo o recuperación de viviendas y reparación de daños aumentará hasta el millón de euros, y la línea de ayudas para fomentar el alquiler y cubrir impagos también alcanzará otro millón. Con ello, ha señalado, la dotación total para estas medidas llegará a los dos millones de euros.
La Conselleria ha concluido que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica, mejorar la coordinación y agilizar la respuesta frente a la ocupación ilegal de viviendas en la Comunitat Valenciana.