La Generalitat ha rechazado de forma frontal el proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que modifica los criterios para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DPMT). El Consell sostiene que la propuesta altera de manera sustancial el régimen vigente, abre una grave inseguridad jurídica y pone en riesgo el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico del litoral valenciano.
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha advertido de que el Gobierno "pretende sustituir un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un único episodio excepcional de temporal", una decisión que, a su juicio, es "desproporcionada, arbitraria y carente de la estabilidad que exige cualquier delimitación del dominio público". La Generalitat mantiene por ello su petición al Ministerio para que rectifique el texto durante la tramitación del decreto y avisa de que, si no hay cambios, defenderá los intereses de la Comunitat Valenciana en todas las instancias, incluida la judicial.
Martínez Mus también ha defendido que no se puede alterar "por la puerta de atrás" un elemento esencial de la Ley de Costas y ha subrayado que "no tiene sentido que un único temporal excepcional pueda modificar el deslinde de toda la costa". Según ha señalado, las normas deben basarse en criterios estables y repetidos, no en un episodio aislado que, por definición, es extraordinario. "Eso genera una enorme inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas y administraciones", ha afirmado.
Alegaciones al Ministerio y rechazo a un cambio de criterio
La Generalitat ha recordado que ya presentó alegaciones al Ministerio para pedir que se mantenga el criterio actualmente vigente, según el cual el límite del DPMT debe determinarse por el punto alcanzado por las olas en los mayores temporales conocidos cuando estos se hayan producido de forma reiterada. El Consell rechaza que baste un solo episodio para alterar el deslinde.
En su opinión, aceptar la modificación supondría convertir un fenómeno excepcional en regla general y provocar un efecto expansivo del dominio público que no responde a criterios de proporcionalidad, estabilidad ni rigor técnico. Para explicar las consecuencias que ve en la propuesta, Martínez Mus ha recurrido a una comparación con las inundaciones provocadas por la DANA del 29 de octubre de 2024: "Es como si, después de la DANA de octubre de 2024, todo el terreno que se inundó pasara automáticamente a ser dominio público hidráulico. Nadie entendería una decisión así. En la costa debe aplicarse el mismo principio: los fenómenos excepcionales no pueden convertirse en la regla para delimitar el dominio público".
La Generalitat ha añadido que, si se aplicara ese mismo razonamiento al dominio público hidráulico, decenas de municipios valencianos verían transformada una parte muy significativa de su término municipal en dominio público solo por haber sufrido una inundación extraordinaria, una interpretación que considera jurídicamente insostenible y contraria a los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad.
Dudas sobre la medición y exigencia de un cambio legal
Otro de los puntos cuestionados por el Consell es la amplitud de los sistemas de medición previstos en el proyecto de decreto. Según la Generalitat, el texto permite utilizar boyas, satélites o cualquier otro dato oceanográfico o meteorológico sin fijar indicadores técnicos suficientemente objetivos, reiterados y verificables, lo que aumentaría la discrecionalidad administrativa en futuros procedimientos de deslinde.
El Ejecutivo valenciano también ha sostenido que un cambio de esta trascendencia no debería introducirse mediante un reglamento, sino que requeriría un debate parlamentario y una modificación de la legislación estatal de costas. A su juicio, la repercusión sobre la propiedad, la planificación urbanística, la actividad económica y la seguridad jurídica de miles de ciudadanos exige una reforma legal y no una alteración reglamentaria.
La Generalitat ha enmarcado su posición en la relevancia del litoral valenciano, que define como uno de los más extensos y estratégicos de España, donde conviven la actividad turística, económica y social con un patrimonio natural de gran valor. En ese contexto, defiende que la protección del dominio público marítimo-terrestre, recogida en el artículo 132 de la Constitución, debe compatibilizarse con la seguridad jurídica, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento racional del litoral.
Por ahora, el Consell mantiene su exigencia de rectificación al Ministerio durante la tramitación del decreto. Si el texto sigue adelante sin cambios, la Generalitat ha adelantado que acudirá a todas las instancias para defender la posición de la Comunitat Valenciana.