La Generalitat ha elevado su oposición al proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas y ha acusado al Gobierno central de no atender la reclamación presentada por una docena de comunidades autónomas para frenar su tramitación. El Consell sostiene que la reforma fomenta los deslindes, restringe derechos y afecta de manera directa a las competencias autonómicas en materia de ordenación y gestión del litoral.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha trasladado esta posición durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Allí ha criticado que el Ministerio para la Transición Ecológica haya rechazado abordar de forma efectiva el contenido del nuevo reglamento y ha lamentado que la reunión no incluyera ese asunto en el orden del día.
“Se ha logrado que se convocara la reunión, pero al no incluirse este asunto en el orden del día, el debate carece de cualquier virtualidad. No tiene sentido traer esta cuestión si no se permite manifestar una posición mediante una votación, que era precisamente lo que solicitaban las comunidades autónomas”, ha señalado Martínez Mus.
Críticas a la tramitación y al contenido del reglamento
Según el conseller, el proyecto de reglamento presenta “claras contradicciones con diversos preceptos de la propia Ley de Costas”, una circunstancia que, a su juicio, obliga a replantear la reforma y a abordar antes una modificación de la norma legal. La Generalitat ha asegurado que su postura ha contado con el respaldo de otras comunidades autónomas litorales, que han pedido de forma conjunta la suspensión de la tramitación y una conferencia sectorial monográfica para analizar el texto y sus efectos sobre el reparto competencial.
Martínez Mus ha recordado además que la Comunitat Valenciana, junto con el resto de autonomías, ha presentado alegaciones al proyecto porque, según ha afirmado, “condiciona de forma muy importante la tramitación de expedientes autonómicos y no clarifica el régimen jurídico aplicable”. En esa misma línea, ha expresado la “total oposición” del Consell a la nueva regulación sobre compatibilidad con las estrategias marinas, al considerar que introduce nuevos criterios que generan incertidumbre y dificultan la gestión del litoral.
El vicepresidente tercero ha censurado también que la propuesta otorgue carácter vinculante a informes estatales que actualmente no son preceptivos, imponga la revocación de concesiones cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas y mezcle el régimen jurídico de las concesiones compensatorias. A su juicio, todo ello incrementa la inseguridad jurídica y altera el reparto competencial previsto en la legislación vigente.
La Generalitat pide retirar el texto y abrir diálogo
En su intervención, Martínez Mus ha lamentado que el Gobierno de España haya diseñado el procedimiento de reforma “al margen de las comunidades autónomas”, pese a tratarse de una normativa que afecta directamente al ejercicio de sus competencias en materia de gestión del litoral. “No se nos ha permitido participar en un procedimiento que condicionará la gestión de nuestras costas”, ha afirmado.
El conseller ha insistido en que la reforma llega en un momento en el que la mayoría de las comunidades autónomas costeras ya han asumido o están en proceso de asumir las competencias sobre el litoral, por lo que considera “imprescindible” que cualquier modificación normativa se tramite con diálogo institucional y consenso. En su opinión, el nuevo reglamento incrementará la inseguridad jurídica y favorecerá nuevos procesos de deslinde que pueden afectar a viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en la costa, además de complicar la gestión ordinaria de las administraciones autonómicas.
Por todo ello, Martínez Mus ha expresado la “radical oposición” de la Generalitat a la tramitación del proyecto en los términos actuales y ha reclamado al Ejecutivo central que retire el texto, abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y promueva, en su caso, una modificación de la Ley de Costas que elimine las contradicciones detectadas antes de aprobar un nuevo desarrollo reglamentario.
El vicepresidente tercero ha cerrado su intervención reafirmando el compromiso del Consell con una política de costas basada en la protección ambiental, la seguridad jurídica, la colaboración institucional y el respeto a las competencias autonómicas. En ese marco, ha defendido la ley valenciana de protección y ordenación de la costa, impulsada, según ha explicado, para ofrecer alternativas a los deslindes y garantizar una gestión más equilibrada del litoral.