La Generalitat ha anunciado a los representantes de las principales asociaciones de afectados por los deslindes de la costa de Dénia que combatirá la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno de España por la vía administrativa, política y judicial.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, les ha comunicado además que el Consell presentará el recurso correspondiente el próximo mes de septiembre.
El encuentro se ha celebrado este lunes con la presencia del secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra; del director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana; y de la comisionada del puerto de Dénia, Pepa Font.
En la reunión se ha analizado la situación de los expedientes de deslinde que afectan a distintos tramos del litoral de Dénia y se han escuchado las reclamaciones de los vecinos afectados.
La Generalitat rechaza que un temporal sirva para fijar deslindes permanentes
Martínez Mus ha explicado a los asistentes las consecuencias de la reforma estatal y ha defendido las alternativas que propone la Generalitat para compatibilizar la protección del litoral con la seguridad jurídica de la ciudadanía.
La administración autonómica ya ha presentado alegaciones al proyecto normativo y sostiene que, una vez aprobado definitivamente, acudirá a todas las vías posibles para defender los derechos de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.
En ese contexto, el conseller ha afirmado que la Generalitat ha mantenido su oposición a los deslindes durante toda su tramitación administrativa y que continúa con recursos contra los tres expedientes promovidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ahora, según ha trasladado, el Consell dará un paso más al recurrir también la modificación del reglamento.
La principal novedad de la reforma, tal y como ha detallado, consiste en permitir que un único temporal excepcional pueda utilizarse como referencia para determinar de forma permanente los deslindes del dominio público marítimo-terrestre.
La Generalitat considera que ese cambio sustituye un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un episodio aislado y que eso puede generar una grave inseguridad jurídica, aumentar la discrecionalidad administrativa y afectar a miles de propietarios en todo el litoral valenciano.
Afectación sobre miles de viviendas, parcelas y actividades económicas
Durante la reunión, Martínez Mus ha subrayado que la Generalitat comparte la preocupación de los propietarios afectados por unas actuaciones que, según ha indicado, tienen incidencia sobre miles de viviendas, parcelas y actividades económicas vinculadas al litoral.
También ha insistido en que la protección de la costa es un objetivo irrenunciable, pero que debe ser compatible con los derechos de los ciudadanos, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de los municipios costeros.
En esa línea, ha defendido que cualquier actuación sobre el dominio público marítimo-terrestre debe apoyarse en criterios técnicos rigurosos, objetivos y consolidados en el tiempo. “No podemos generar incertidumbre permanente entre los vecinos mediante decisiones que afectan a sus propiedades y a su futuro sin ofrecer las máximas garantías técnicas y jurídicas”, ha señalado el conseller.
Regresión costera ha sido otro de los ejes del encuentro. Martínez Mus ha reclamado al Gobierno de España actuaciones efectivas para combatirla y ha recordado que dos de los cinco tramos más afectados de toda España se encuentran en la Comunitat Valenciana: Castellón-Sagunto y Valencia-Dénia.
A su juicio, la protección del litoral no puede limitarse a ampliar deslindes, sino que debe ir acompañada de inversiones y de actuaciones de regeneración que permitan preservar la costa. Antes de cerrar la reunión, el conseller ha reiterado la voluntad de la Generalitat de seguir colaborando con los afectados y de defender un modelo de gestión litoral basado en la protección ambiental, la proporcionalidad, el rigor técnico y el respeto a los derechos de la ciudadanía.