La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha respaldado el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha pedido al Ministerio de Justicia que reconsidere la denegación de la autorización económica para prorrogar distintas medidas de refuerzo en órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.
Martínez ha sostenido que esta decisión puede perjudicar de forma importante el funcionamiento de la Administración de Justicia y a la ciudadanía, al afectar a órganos que soportan una elevada carga de trabajo y cuya actividad resulta necesaria para garantizar una respuesta judicial ágil y eficaz.
El TSJCV alerta de las consecuencias en plazas especializadas y audiencias provinciales
La consellera ha señalado que el propio TSJCV ha advertido de las “negativas consecuencias” que tendrá la supresión de estos refuerzos, especialmente en las plazas especializadas en condiciones generales de la contratación con garantías hipotecarias, así como en otros tribunales de instancia y audiencias provinciales de la Comunitat Valenciana.
En ese sentido, Martínez ha asegurado: “La Justicia lo que precisa son más medios, no recortes en lo básico. Compartimos plenamente la preocupación expresada por la Sala de Gobierno del TSJCV y consideramos imprescindible que el Ministerio reconsidere esta decisión para evitar un aumento de los tiempos de respuesta y un mayor colapso en órganos judiciales que ya trabajan con una elevada carga de asuntos”.
La consellera ha añadido que la mayoría de las medidas cuya prórroga ha sido denegada contaban con informe favorable de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que, según ha dicho, evidenciaría su necesidad para garantizar el funcionamiento normal de los órganos afectados.
18 de las 30 medidas solicitadas han quedado sin financiación
Según ha explicado el TSJCV, el Ministerio de Justicia ha denegado la autorización para la dotación económica de 18 de las alrededor de 30 medidas de refuerzo que habían sido solicitadas para la Comunitat Valenciana y que contaban con informe favorable de la inspección del CGPJ, en su mayor parte como prórrogas.
La Conselleria de Justicia se ha sumado además a la petición formulada por el TSJCV para que el Consejo General del Poder Judicial inste al Ministerio de Justicia a revisar esta decisión y autorice la financiación necesaria para mantener unas medidas que considera imprescindibles para preservar la calidad del servicio público de Justicia en la Comunitat Valenciana.
Martínez ha defendido también que la continuidad de estos refuerzos no solo beneficia a jueces y funcionarios, sino que constituye una garantía para los ciudadanos, que tienen derecho a una tutela judicial efectiva y a que sus procedimientos se resuelvan en plazos razonables.