La Red de Gobernanza Local de la Comunitat Valenciana ha alcanzado ya las 120 entidades locales adheridas, una cifra que refleja el crecimiento de una plataforma orientada a extender la cultura del gobierno abierto a los municipios del territorio valenciano.
La red ha reunido a ayuntamientos y mancomunidades en un espacio de coordinación para armonizar políticas de buen gobierno y facilitar que la transparencia llegue a la ciudadanía, con especial atención a los municipios con menos recursos técnicos y presupuestarios.
Una red para coordinar transparencia y participación
La estructura de colaboración ha estado codirigida por la Generalitat y las diputaciones de Alicante, Castellón y València. Según la información difundida, su función ha sido acompañar a las corporaciones locales en el diseño de estrategias de participación ciudadana y en el cumplimiento de los estándares de transparencia, especialmente en aquellos municipios que no disponen de medios suficientes para desarrollar estas tareas por sí mismos.
Más allá de actuar como un registro de entidades comprometidas, la plataforma ha funcionado como un foro de innovación pública en el que se han definido líneas de trabajo conjuntas. Entre sus tareas se ha incluido la planificación de acciones formativas, la elaboración de guías de cumplimiento normativo y el impulso de proyectos destinados a acercar la administración a la ciudadanía mediante la escucha activa.
La secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, ha subrayado el interés de dotar a las administraciones locales de herramientas operativas más avanzadas. En ese contexto, la Generalitat ha puesto a disposición de los ayuntamientos integrados en la red la plataforma de Transparencia Entidades Privadas, conocida como TEP.
Desde la sesión de la Comisión Permanente celebrada recientemente en Castellón, la herramienta TEP se ha consolidado como uno de los principales apoyos técnicos de la Red de Gobernanza Local. La aplicación ha permitido a los municipios gestionar de manera sencilla y estructurada el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de entidades y colectivos que reciben subvenciones o ayudas públicas.
La plataforma TEP y la nueva normativa del Consell
El despliegue de esta solución informática por parte de la Generalitat ha respondido, según el texto difundido, a las necesidades de las corporaciones locales con menos recursos técnicos y presupuestarios, al evitar que tengan que desarrollar aplicaciones propias.
Con esta herramienta, se han unificado y homogeneizado los estándares de rendición de cuentas en todo el territorio, lo que, de acuerdo con la red, ha facilitado que la ciudadanía pueda fiscalizar de forma más clara y accesible el destino final de los fondos públicos.
La reciente normativa aprobada por el Consell mediante el Decreto 139/2025 ha previsto el futuro funcionamiento coordinado de los Foros de Ciudadanía Activa bajo la tutela de la propia Red de Gobernanza Local. Ese marco ha contemplado una relación directa y bidireccional entre esos espacios de debate y el Consejo de Participación Ciudadana.
Con esa aprobación, la red ha quedado posicionada como eje estratégico para canalizar de forma ordenada la voz y las propuestas de la sociedad civil organizada de la Comunitat Valenciana hacia las instituciones. El texto difundido sitúa este cambio como parte de una arquitectura de colaboración institucional en la que la participación ciudadana y la transparencia han sido los principales ejes de trabajo.
La evolución de la red también se ha reflejado en las cifras de adhesión. A finales de 2024 figuraban 64 municipios registrados; al cierre de 2025 eran 99, y en la actualidad el total ha ascendido a 120 entidades locales. Esa progresión ha sido presentada como una muestra de la voluntad de las corporaciones locales de adoptar modelos de gestión más abiertos y de responder a una demanda creciente de acceso a la información pública y rendición de cuentas.
Además, la adhesión a esta plataforma ha permitido a los municipios integrarse en una estructura de apoyo mutuo para abordar retos compartidos, como la digitalización de los procesos participativos. Según la información facilitada, esa cooperación ha contribuido a construir una identidad común basada en el buen gobierno en el conjunto de la Comunitat Valenciana.