La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha criticado la planificación del Gobierno de España tras el anuncio de la creación de nuevas plazas judiciales para 2027, entre ellas 53 en la Comunitat Valenciana. Martínez ha lamentado la falta de previsión y ha puesto en duda la efectividad de la medida mientras sigan pendientes de cobertura las plazas creadas para 2026.
La responsable autonómica ha explicado que el Ejecutivo central ha aprobado la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 500 plazas de jueces, de las que 53 se contemplan en la Comunitat Valenciana. A su juicio, el anuncio no tiene en cuenta la realidad de la Administración de Justicia ni la disponibilidad efectiva de jueces para ocupar esos puestos.
Martínez ha concretado el principal motivo de sus críticas con una afirmación directa: “El Gobierno de España tiene previsto crear 53 plazas de jueces en la Comunitat Valenciana en 2027 sin haber cubierto las 58 plazas de 2026”. La consellera ha sostenido que no se puede hablar de refuerzo de la planta judicial si antes no se garantiza que las vacantes ya previstas lleguen a ocuparse.
En esa misma línea, ha advertido de que cualquier medida de este tipo debe ir acompañada de una planificación realista, porque, según ha señalado, no basta con anunciar nuevas plazas si después no se asegura la incorporación de quienes deben cubrirlas. Martínez ha vinculado esa cobertura con la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva, reducir la sobrecarga de trabajo y mejorar los tiempos de respuesta de los órganos judiciales.
Una planificación que, según la consellera, debe ajustarse a la realidad judicial
La consellera ha admitido que la previsión de crear nuevas plazas para 2027 puede contribuir a reforzar la capacidad de respuesta de la Administración de Justicia, pero ha insistido en que ese paso solo será útil si se resuelve antes la situación de las plazas de 2026. En su valoración, el problema no es la creación de puestos en sí, sino la secuencia con la que se anuncian y se cubren.
Martínez ha defendido que reforzar la Justicia exige una planificación que tenga en cuenta las necesidades reales del sistema y la disponibilidad de profesionales. Según ha expuesto, si no se garantiza ese encaje, las medidas anunciadas pueden quedarse sin efecto práctico, pese a que formalmente supongan un aumento de la planta judicial.
El anuncio del Gobierno de España afecta a 500 plazas de jueces en todo el país, de las que 53 corresponderían a la Comunitat Valenciana. Por el momento, la crítica de la consellera se ha centrado en la falta de cobertura previa de las 58 plazas previstas para 2026 y en la dificultad de poner en marcha nuevas incorporaciones sin resolver antes ese primer tramo.