El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un paquete de cambios normativos de ámbito nacional para que las comunidades autónomas puedan reforzar su respuesta ante las emergencias y afrontar en mejores condiciones los desastres que puedan producirse en el futuro. La FEMP ha mostrado su disposición a estudiar las propuestas.
Durante una reunión celebrada en Madrid con los directores generales de la FEMP, Francisco Díaz Latorre y Cristina Motalvá, Mérida trasladó la experiencia acumulada por la Generalitat durante la gestión de la recuperación tras la dana y defendió “la necesidad de impulsar cambios legislativos que permitan actuar con mayor rapidez, eficacia y seguridad jurídica en contextos de crisis”.
El encuentro también sirvió para analizar las principales dificultades que afrontan las distintas administraciones cuando deben responder de forma inmediata a fenómenos extraordinarios y para compartir propuestas encaminadas a fortalecer la coordinación institucional y estudiar posibles mejoras del marco normativo.
Suspensión automática de plazos tras una emergencia de especial gravedad
Entre las iniciativas planteadas, Mérida defendió que, tras la declaración de una suspensión de plazos de emergencia de especial gravedad, la suspensión de los plazos administrativos y judiciales para la ciudadanía se active “de forma automática, sin necesidad de una decisión posterior por parte del Gobierno de España”.
“Las personas que sufren una catástrofe no pueden verse obligadas a preocuparse por el cumplimiento de trámites y plazos administrativos mientras intentan recuperar su vivienda, su negocio o su modo de vida”, señaló.
El comisionado también valoró la coordinación entre administraciones como un elemento clave para mejorar la capacidad de respuesta y acelerar los procesos de recuperación cuando se producen situaciones extraordinarias, y agradeció a la FEMP su disposición y voluntad de diálogo.
Contratación de emergencia y revisión de precios en obra pública
Mérida planteó además adaptar la Ley de Contratos del Sector Público para que la contratación de emergencia no se limite únicamente a la reposición de infraestructuras dañadas, sino que permita incorporar mejoras que incrementen su resiliencia y adaptabilidad.
Asimismo, reclamó una actualización de los precios de la obra pública para evitar que algunas licitaciones queden desiertas, y defendió la derogación de la Ley de Desindexacion para que los precios de los contratos se ajusten a la evolución real de los costes y del IPC.
En paralelo, explicó que el objetivo de estas propuestas es fortalecer el marco normativo con el fin de mejorar la respuesta en escenarios de emergencia y recuperación.
Petición al Gobierno central de más apoyo para los municipios afectados por la dana
Tras el encuentro, Mérida reclamó al Gobierno central que mantenga e intensifique las medidas de apoyo a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana mediante ayudas económicas, incentivos fiscales y mecanismos extraordinarios.
“Pedimos para la Comunitat Valenciana el mismo compromiso que el Estado ha demostrado con otros territorios afectados por grandes catástrofes. Los valencianos merecen el mismo nivel de apoyo, solidaridad y acompañamiento institucional durante todo el proceso de reconstrucción”, afirmó.
En esta línea, recordó la continuidad de diversas medidas extraordinarias para La Palma cinco años después de la erupción volcánica y consideró necesario que los municipios valencianos afectados por la dana puedan contar también con instrumentos de apoyo sostenidos en el tiempo.