Rovira ha defendido el lenguaje claro como una obligación jurídica en la Administración valenciana

El conseller ha vinculado la simplificación administrativa con comunicaciones comprensibles y ha citado los formularios de alto impacto social como uno de los ámbitos de aplicación de esta estrategia.

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El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha defendido que el lenguaje claro no es solo una cuestión de estilo, sino una obligación jurídica y una herramienta necesaria para avanzar hacia una Administración “más sencilla, accesible y cercana a la ciudadanía”. Lo ha hecho durante la clausura de una jornada dedicada a esta materia, en la que ha subrayado que la claridad debe acompañar a la agilidad en la tramitación.

Rovira ha señalado que “agilidad y lenguaje entendible deben ir de la mano, por lo que desde la Administración valenciana abogamos por un procedimiento rápido que a la vez sea claro en su comprensión por la persona que recibe una respuesta”, y ha añadido que la claridad constituye “la última milla de la simplificación”.

El conseller ha insistido en que detrás de cada documento administrativo hay una persona que necesita entender qué le pide la Administración, qué derechos o prestaciones le reconoce y de qué plazo dispone para actuar. “Si esa persona no lo entiende, por impecable que sea el documento desde el punto de vista jurídico, no estamos alcanzando el objetivo deseado. Por eso cualquier avance que compatibilice el rigor jurídico con la claridad para que lo entienda el destinario es positivo y además necesario”, ha afirmado.

Lenguaje claro en normativa, trámites y atención ciudadana

Según ha explicado, el lenguaje claro forma parte del marco de actuación de la Generalitat en materia de comunicación administrativa y está presente en distintos ámbitos del procedimiento, como la elaboración normativa, la tramitación de expedientes, los formularios y la atención a la ciudadanía. Rovira ha indicado además que su aplicación busca facilitar la comprensión de la información administrativa, favorecer la relación de la ciudadanía con la Administración y contribuir al desarrollo de los procedimientos.

En esa línea, ha vinculado la simplificación administrativa con la manera en que se comunican los trámites. Ha señalado que reducir trámites, plazos y documentación debe ir acompañado de mensajes que se puedan comprender, porque “un lenguaje oscuro es, en sí mismo, una carga administrativa”.

También ha defendido que una Administración que se entiende es una Administración en la que se confía, mientras que las comunicaciones incomprensibles generan distancia y desconfianza hacia las instituciones. En su intervención, ha relacionado este aspecto con la calidad del servicio público y con la experiencia de la persona que recibe una notificación o una respuesta administrativa.

Impacto social y eficiencia en los servicios públicos

Rovira ha puesto el acento en la dimensión social del lenguaje claro, con especial referencia a las personas mayores, las personas en situación de dependencia, las personas con discapacidad y las familias en situación de vulnerabilidad. En este contexto, ha recordado que el decreto de formularios contempla la figura de los formularios de alto impacto social, que deben ser revisados antes de su aprobación por las asociaciones que representan a sus destinatarios.

El conseller ha concluido que una redacción más clara también mejora la eficiencia de los servicios públicos, al reducir llamadas, citas presenciales, subsanaciones, recursos y quejas derivados de la falta de comprensión de las comunicaciones administrativas.

Durante la inauguración de la jornada, el secretario autonómico de Cohesión Territorial, Carlos Gil, ha destacado que la comunicación clara “no es una cuestión de estilo; es cuestión de buen gobierno, de calidad democrática y de respeto a la ciudadanía” y ha subrayado que “cada documento, cada pantalla y cada notificación son un punto de contacto entre la Generalitat y la ciudadanía”.

En la jornada también han participado el director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, y el director general de Política Lingüística, Vicent Satorres.