Suma Gestión Tributaria ha realizado en los últimos seis meses estudios personalizados para 110 ayuntamientos de la provincia proporcionando orientación legal y económica sobre la nueva tasa de recogida de residuos sólidos urbanos que entrará en vigor el 1 de enero de 2025 como consecuencia de la ‘Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular’.
Ante la necesidad de modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos sólidos urbanos en cada municipio para avanzar, tal y como establece la nueva norma, hacia un recibo que contemple la generación de residuos a nivel individual, el organismo tributario de la Diputación de Alicante se ha volcado con los ayuntamientos para asesorarles y colaborar en la búsqueda de una solución factible ante el impacto que la nueva tasa tendrá en el recibo que deben afrontar los ciudadanos.
En este sentido, y tras un diagnóstico preliminar a nivel provincial, Suma presentó una solución transversal en una jornada, a la que asistieron cerca de 200 responsables políticos y técnicos. Para ello, tomó en consideración aportaciones técnicas como las del Ayuntamiento de Madrid, la ordenanza marco y un modelo de cálculo basado en criterios de capacidad económica y el padrón de habitantes para analizar distintos factores atendiendo a las especificidades de cada municipio.
“Este trabajo conjunto entre Suma y los ayuntamientos ha sido fundamental dada la tremenda heterogeneidad existente en la provincia”, ha indicado el director del organismo, José Antonio Belso, quien ha recordado que en la pasada legislatura la cobertura de la tasa sobre el coste económico del servicio apenas suponía el 40% por término medio y las bonificaciones o requisitos para obtenerlas diferían notablemente. “Algunos consistorios anticiparon algunas medidas para acercar la tasa al coste, mientras que otros permanecieron a la espera ante la falta de orientaciones claras”, ha explicado Belso.
En ese contexto, el papel del organismo tributario de la Diputación ha sido esencial para orientar a los ayuntamientos en aspectos clave como las bonificaciones o la recaudación. En este sentido, los estudios económicos que de forma concreta y personalizada ha realizado Suma para cada ayuntamiento analizan estas cuestiones, ya que la implantación de la norma supondrá incrementos sustanciales en las cuotas liquidables, dado que la obligación de sufragar el total del servicio mediante la nueva tasa de residuos sólidos urbanos impide a los consistorios contener su impacto mediante ingresos de otras fuentes, lo que puede suponer que el recibo se triplique en algunos casos.
“Los ayuntamientos van a tener que asumir importantes cambios para gestionar la entrada en vigor de esta nueva norma, mientras que los ciudadanos van a tener que hacer un importante esfuerzo económica para afrontar las subidas”, ha advertido Belso, quien ha destacado que Suma “se volcará, como ya lo está haciendo con consistorios para afrontar la nueva situación y mantendrá toda una batería de facilidades de pago para que los contribuyentes puedan asumir, cuando llegue el momento, sus obligaciones tributarias”.
Asimismo, ha avanzado que se está evaluando incorporar nuevas alternativas que incorporen aun mayor flexibilidad a la hora de enfrentar las obligaciones tributarias.