La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha acusado al Gobierno de España de actuar con “deslealtad institucional” en materia migratoria al impulsar, según ha dicho, un proceso de regularización de personas migrantes “de forma impositiva, con opacidad y de espaldas a las comunidades autónomas”.
Camarero ha hecho estas declaraciones en un contexto marcado por la celebración en Madrid de la Conferencia Sectorial de la Inmigración, convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la que la vicepresidenta ha decidido sumarse al no participar, como otras autonomías que también han declinado asistir.
La consellera ha sostenido que la convocatoria responde a “un intento de blanquear una política migratoria inútil, nefasta y contraria a la Unión Europea” y ha reprochado al Ejecutivo central que haya dejado “vaciado” el órgano de su función de cooperación entre administraciones.
Según su versión, la reunión se ha convocado 15 meses después de la anterior, sin que se haya abordado el proceso de regularización ni los criterios de reparto de fondos del llamado “Plan de Integración”, asuntos que, ha defendido, deberían haberse debatido en ese foro.
Críticas por la falta de información y financiación
Camarero ha asegurado además que, antes de la celebración de la Conferencia Sectorial, no se ha remitido la documentación solicitada ni la información que, en su opinión, justificaría la aprobación del Real Decreto de Regularización. También ha denunciado que no exista “ningún estudio de impacto económico” ni un calendario de trabajo sobre el reparto de fondos del Plan de Integración.
En esa línea, ha afirmado que el Gobierno “ha renunciado a mantener cualquier tipo de diálogo o debate sobre la política migratoria” y que ha trasladado a las autonomías la responsabilidad de gestionar un proceso “diseñado al margen de las administraciones” que soportan gran parte de su impacto sobre los servicios públicos.
La vicepresidenta ha insistido en que las comunidades autónomas afrontan una presión creciente en áreas como la sanidad, los servicios sociales, la vivienda y el empleo.
La responsable autonómica ha vinculado también su crítica a la visita que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha realizado este miércoles a la Comunitat Valenciana. Camarero ha lamentado que no se haya producido una reunión con la Generalitat para trasladar las cifras del proceso de regularización y fijar un plan de trabajo coordinado para la prestación de los servicios públicos básicos.
La Comunitat Valenciana cifra el impacto en 167.000 personas
En su intervención, la vicepresidenta primera ha puesto el foco en el volumen de personas regularizadas. Ha señalado que la previsión inicial del Gobierno se ha “más que duplicado”, al pasar de 500.000 a 1,2 millones de personas migrantes regularizadas, y ha interpretado esa evolución como una muestra de que las estimaciones oficiales “han fallado estrepitosamente”.
Ese escenario, ha subrayado, ha generado un “efecto llamada” y ha dificultado que las comunidades autónomas puedan dar una respuesta adecuada en materia asistencial y de servicios básicos.
En el caso de la Comunitat Valenciana, Camarero ha indicado que se han regularizado 167.000 personas migrantes. A su juicio, esa cifra supone un coste de acogida “inasumible” para los valencianos y las valencianas por el impacto en la sanidad, los servicios sociales, la vivienda y el empleo. Ha añadido que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con mayor acogida de personas migrantes, con el 14 % del total de España, solo por detrás de Madrid y Cataluña.
La vicepresidenta ha reclamado al Gobierno de España la transferencia de los fondos necesarios para garantizar la atención sanitaria, la prestación de servicios sociales y el acceso a una vivienda de las nuevas personas regularizadas. También ha reiterado que el Ejecutivo central adopta decisiones que afectan a servicios esenciales “sin planificación, sin financiación y sin la debida lealtad institucional”.
El Consell pide un modelo coordinado y vinculado al empleo
Frente a ese planteamiento, Camarero ha defendido un proceso de regularización “ordenado, legal, vinculado al empleo y coordinado” con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el resto de administraciones.
Ha explicado que desde el Consell se apuesta por una inmigración legal vinculada a las necesidades del mercado laboral, que atienda al principio de afinidad cultural y favorezca la integración, junto con un refuerzo del control de fronteras y una coordinación real entre administraciones.
La vicepresidenta ha defendido asimismo la aplicación inmediata de los acuerdos europeos contenidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. En su intervención no ha concretado medidas adicionales, pero sí ha insistido en que cualquier proceso de regularización debe contar con financiación, planificación y cooperación institucional previa para no trasladar, ha dicho, todo el peso de su gestión a las comunidades autónomas.