El Comisionado para la Lucha contra la violencia sobre la mujer de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad y el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana (CGCAFCV) han suscrito un convenio de colaboración para reforzar la prevención y la detección temprana de situaciones de violencia sobre la mujer en las comunidades de propietarios en las que estos profesionales presten servicios.
El acuerdo, que tendrá una duración de un año desde su entrada en vigor, ha contado con la participación de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero; de la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá; del comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño; y del presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, Sebastián Cucala.
Difusión de materiales y acceso a recursos asistenciales
La colaboración prevé que las administraciones de fincas participen en la distribución y difusión del material informativo y de sensibilización facilitado por el Comisionado, con el objetivo de favorecer la eliminación de la violencia contra las mujeres. Además, podrán orientar a las víctimas hacia los recursos asistenciales especializados que ofrece la Generalitat.
Según el contenido del convenio, el Comisionado se compromete también a impartir jornadas formativas a cargo de personal técnico especializado para que los profesionales colegiados amplíen sus conocimientos y adquieran pautas de actuación. Ese personal técnico quedará asimismo a disposición del CGCAFCV para coordinar de manera conjunta distintas actuaciones relacionadas con el acuerdo.
El papel de los administradores de fincas en la detección temprana
Durante la firma, Susana Camarero ha subrayado que los actos de violencia sobre la mujer “se ejercen a menudo en la intimidad de los hogares”, por lo que ha considerado “crucial” contar con la colaboración de agentes sociales y entidades que mantienen un contacto directo y frecuente con el entorno residencial y vecinal, como los administradores de fincas.
La vicepresidenta ha insistido además en la importancia de dar a conocer los recursos de la Generalitat para mujeres que sufren una situación de riesgo y necesitan acogida y protección, al entender que esos medios facilitan el acompañamiento y la atención a la hora de denunciar. En esa línea, ha defendido la necesidad de “ampliar la colaboración con colegios profesionales, entidades y administraciones para construir una red cada vez más amplia de prevención, detección y atención frente a la violencia sobre la mujer”.
Camarero ha añadido que las víctimas cuentan con espacios y recursos públicos en los que interviene un equipo de profesionales de distintas especialidades, como psicólogos, abogados o trabajadores sociales, con atención presencial, telefónica y telemática. Ha explicado también que en los centros gestionados por la Generalitat reciben recursos esenciales y son acogidas en un espacio seguro que las mantiene fuera de peligro, con servicios habitacionales y de manutención.
Formación para los colegiados y difusión en las comunidades
Por su parte, el colectivo de administradores de fincas se ha comprometido a distribuir y difundir los materiales, recomendar su colocación en lugares visibles y accesibles para los residentes de las comunidades que gestionan e incorporar un punto informativo sobre el convenio y el material de sensibilización en los órdenes del día de las juntas de propietarios que administren.
La consellera ha afirmado asimismo que “Nunca van a estar solas” y ha reiterado que “este Consell no escatimará esfuerzos y va a seguir luchando con todos los medios posibles para reforzar la lucha contra estos delitos y conseguir atajar la lacra social que supone la violencia sobre las mujeres”. En el mismo acto, ha defendido que desde el Consell se ha intensificado el trabajo de seguimiento y se han acercado los recursos a las víctimas, porque la atención a las mujeres no puede depender de su lugar de residencia.
Según ha expuesto, esa apuesta se ha traducido en mayores recursos, la implementación de nuevas infraestructuras y la mejora de los servicios ya existentes. El convenio firmado entre ambas partes se enmarca en esa línea de trabajo y establece una vía de colaboración entre la administración autonómica y los colegios profesionales de administradores de fincas para trasladar información, formación y orientación a los entornos vecinales en los que pueda detectarse una situación de riesgo.