La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades regulará la instalación, el uso y el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia en los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat. Su finalidad es garantizar la seguridad de las personas, los bienes y las instalaciones, con pleno respeto a los derechos fundamentales y a la protección de los datos personales.
La resolución, procedente de la Dirección General de Centros Docentes, ha sustituido la regulación que estaba vigente desde 2013 y la ha adaptado al Reglamento General de Protección de Datos, a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Esquema Nacional de Seguridad, además de ajustarla a la realidad organizativa y tecnológica actual de los centros, según la Conselleria.
Uso limitado a la seguridad y sin control de la actividad académica
La resolución ha establecido que los sistemas de videovigilancia solo podrán utilizarse con fines de seguridad. Quedan expresamente excluidos otros usos, como el control del desempeño del alumnado o del personal docente en su actividad académica, así como cualquier finalidad comercial o publicitaria.
La norma ha concebido la videovigilancia como una herramienta excepcional para prevenir incidentes en situaciones concretas y justificadas, y no como un sistema de vigilancia de las personas. En ese planteamiento, la Conselleria ha subrayado que el uso de cámaras no puede desbordar el objetivo de protección para el que se ha previsto.
Además, entre las medidas de ciberseguridad recogidas en la resolución, se ha prohibido conectar los sistemas de videovigilancia a las redes corporativas y a internet. También se ha exigido que el mantenimiento sea presencial y se ha obligado a aplicar el Esquema Nacional de Seguridad, con el fin de proteger los datos personales y la integridad de los sistemas.
Dado que la mayor parte del alumnado es menor de edad, la regulación ha incorporado criterios especialmente restrictivos. Se ha prohibido instalar cámaras en las aulas durante la docencia, en baños, vestuarios y otras zonas de intimidad, así como en los espacios de descanso del personal mientras estén siendo utilizados. La grabación de audio, por su parte, ha quedado prohibida con carácter general.
Autorización previa y documentación común para los centros
La instalación o regularización de cualquier sistema de videovigilancia deberá seguir un procedimiento reglado de autorización previa. Con este sistema, la resolución ha querido ordenar el uso de estos equipos en los centros y fijar un marco común para todos ellos, de manera que su aplicación resulte homogénea.
Para facilitar esa aplicación, la norma ha incluido modelos oficiales de cartelería informativa, memorias de idoneidad, análisis de riesgos y contratos de encargo del tratamiento de datos. Con estos instrumentos, los equipos directivos dispondrán de un marco documental común y de una base jurídica para tramitar cada caso conforme a la normativa aplicable.
La resolución también ha previsto que las personas afectadas puedan saber si han sido grabadas, acceder a sus imágenes y ejercer el resto de derechos que reconoce la normativa de protección de datos. De este modo, la Conselleria ha vinculado la instalación de cámaras a un sistema de garantías que combina seguridad, control administrativo y respeto a los derechos personales.