El Consell ha pedido al Gobierno de España que actúe con la máxima rapidez para reparar los daños detectados en el canal del trasvase Tajo-Segura a su paso por Liétor, en Albacete, y que garantice que la interrupción temporal no suponga una pérdida de agua para los regantes de Alicante. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha trasladado esa petición durante la rueda de prensa posterior al Pleno, celebrada en Alicante, y ha situado la preocupación en las zonas dependientes del trasvase, con especial referencia a la Vega Baja.
Barrachina ha reclamado que el tiempo en el que no se pueda trasvasar agua se tenga en cuenta y que el periodo de trasvases se amplíe más allá de la previsión del 1 de octubre, para que los regantes puedan recibir el agua que necesitan. En su intervención, ha vinculado esta situación con la defensa de la continuidad del Tajo-Segura y ha cuestionado la política hídrica del Gobierno central.
El portavoz ha cifrado en más de 11.400 hectómetros cúbicos el agua del Tajo enviada a Portugal durante el actual ciclo hidrológico, una cantidad que ha comparado con los 2.700 hectómetros cúbicos que ha señalado como volumen de referencia del Convenio de Albufeira. “Después de haber enviado más de 11.400 hectómetros cúbicos a Portugal, el Gobierno pretende quitar otros 100 hectómetros cúbicos al trasvase que necesitan Alicante, Murcia y Almería”, ha afirmado.
Según Barrachina, esos recursos resultan necesarios para mantener una de las principales zonas agrícolas del sureste español y la reducción prevista del trasvase afectaría a alrededor de 10 millones de árboles. También ha pedido que cualquier modificación de los recursos disponibles para el trasvase tenga una justificación técnica y científica, y ha reiterado la solicitud de la Generalitat de mantener una interlocución con el Gobierno de España sobre el futuro del Tajo-Segura.
Planes de emergencia en presas y prevención ante lluvias
En la misma comparecencia, Barrachina ha advertido del inicio del periodo de lluvias y ha puesto el foco en la situación de los planes de emergencia de las presas de titularidad estatal situadas en la Comunitat Valenciana. Ha señalado que las 18 presas estatales de la Comunitat siguen sin tener implantado su plan de emergencia, mientras que la única presa pública que lo tiene operativo es Buseo, de titularidad de la Generalitat.
El portavoz ha explicado que la implantación de esos planes permite disponer de sistemas de aviso a la población, sirenas, protocolos de evacuación, comunicaciones y simulacros para actuar ante una eventual situación grave o un riesgo de rotura. También ha recordado que la normativa estatal establece que las presas clasificadas en las categorías A o B deben disponer de un Plan de Emergencia elaborado e implantado.
“En Buseo hemos hecho los deberes. Tenemos el plan implantado, las sirenas, los sistemas de comunicación y los protocolos preparados. Lo que pedimos al Gobierno de España es que haga lo mismo en sus 18 presas y que cumpla con una obligación que existe precisamente para proteger a la población”, ha dicho Barrachina. En otro momento de su intervención ha añadido: “Dos años después de la DANA, no podemos seguir esperando. Pedimos al titular de esas infraestructuras que ponga en marcha unos planes que son obligatorios y que existen para avisar, evacuar y proteger a las personas cuando se produce una emergencia”.
Ayudas por incendios, obras de restauración y otros acuerdos
Además del debate hídrico y de prevención, el Consell ha aprobado un decreto de ayudas urgentes para paliar los daños ocasionados por los incendios forestales de Soneja, El Saler y Tuéjar, este último con afección también a Benagéber. La Generalitat ha movilizado 535.970 euros para atender daños en viviendas, enseres, alquileres y vehículos, así como para apoyar la recuperación de autónomos, comercios, trabajadores y explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales afectadas. El decreto también contempla instrumentos financieros específicos del Institut Valencià de Finances dirigidos a empresas e industrias afectadas.
El Pleno ha tomado también razón de la declaración de emergencia para encargar a TRAGSA las actuaciones de restauración de las zonas afectadas por el incendio forestal de la Vall d’Uixó del pasado 25 de julio. Las obras contarán con una inversión de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Incluyen la retirada controlada de arbolado con riesgo de caída, la eliminación de restos vegetales, la ampliación de seis pistas forestales y la apertura de cuatro nuevas para mejorar el acceso de los vehículos de emergencia.
En materia de función pública, el Consell ha aprobado el nuevo Reglamento de selección, movilidad y provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat. La norma actualiza los procedimientos conforme a la Ley 4/2021 de la Función Pública Valenciana, refuerza la seguridad jurídica y los principios de igualdad, mérito y capacidad, y simplifica los trámites vinculados al acceso y la provisión de puestos.
El Pleno ha declarado también Bien de Interés Cultural, con la categoría de bien inmaterial, el sistema constructivo de la plaza de toros de Algemesí. La plaza, diseñada en 1947, se levanta cada año de forma manual y comunitaria durante la Setmana de Bous mediante más de 2.000 piezas y técnicas tradicionales transmitidas entre generaciones. La declaración cuenta con informe favorable del Consell Valencià de Cultura y de la Universitat de València.
Entre los demás acuerdos figura un convenio entre el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo y la Universitat Jaume I para dar continuidad al programa “Pisos Solidarios” en el barrio de San Lorenzo. La Generalitat cederá temporalmente nueve viviendas públicas a estudiantes de la Universitat Jaume I, que participarán a cambio en actividades destinadas a dinamizar el tejido social y favorecer la convivencia en el barrio.
El Consell ha aprobado además un convenio con el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas para que su alumnado pueda hacer prácticas académicas externas en centros dependientes de la Conselleria de Educación, y ha prorrogado durante cuatro años el acuerdo con la Universidad de Alicante para que sus estudiantes realicen prácticas formativas en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunitat. También ha dado luz verde a la organización de la XXXIV Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos “Guillermo Heras”, que se celebrará en Alicante del 6 al 15 de noviembre.
Por último, el Pleno ha declarado de interés público la actividad docente del personal bombero forestal de SGISE para impartir enseñanzas de Formación Profesional en centros públicos, y ha autorizado un acuerdo marco para el suministro de material sanitario destinado a los centros de la Sanidad Pública Valenciana. Ese acuerdo tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable hasta un máximo de 24 meses, y cuenta con un valor estimado de 14,8 millones de euros.