La Generalitat ha licitado un nuevo servicio de intervención para la recuperación de viviendas públicas ocupadas ilegalmente en la Comunitat Valenciana, según ha anunciado el president, Juanfran Pérez Llorca. El contrato, impulsado por el Consell, busca dar una respuesta rápida y coordinada a las ocupaciones irregulares que afectan al parque público de vivienda gestionado por la Administración autonómica.
En su intervención, Pérez Llorca ha afirmado que la medida “responde a la creciente necesidad de dar una respuesta rápida, coordinada y segura ante las ocupaciones irregulares que afectan al parque público de viviendas”. La Generalitat sostiene que, en la actualidad, gestiona a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) más de 14.500 viviendas públicas en la Comunitat Valenciana y que aproximadamente el 13% están ocupadas de manera ilegal.
El jefe del Consell ha defendido que este recurso era necesario para afrontar un problema que, según ha dicho, arrastran desde hace años y que, a su juicio, impide el acceso a un hogar a familias vulnerables que sí respetan la legalidad y esperan en las listas de demanda.
Servicio de urgencias 24 horas y apoyo jurídico y técnico
El nuevo servicio previsto por la Generalitat incluirá una atención de urgencias 24 horas, con asistencia inmediata ante avisos de ocupación o intrusión, todos los días del año y con un tiempo máximo de respuesta de una hora. La empresa adjudicataria también deberá acompañar y representar a la EVHA en procedimientos administrativos de recuperación de viviendas, además de coordinarse con fuerzas de seguridad y con empresas de seguridad.
Junto a esa labor administrativa, el contrato contempla tareas de coordinación técnica. Entre ellas figuran la gestión y supervisión de la instalación de sistemas de seguridad, puertas antiocupación y alarmas, así como la documentación y el reporte de todas las actuaciones realizadas. Para ello, la adjudicataria deberá contar con un equipo multidisciplinar formado por un coordinador jurídico y al menos tres inspectores técnicos, además de medios materiales como vehículos, equipos informáticos y dispositivos móviles.
La Generalitat ha indicado también que el servicio estará sujeto a un plan de trabajo y a indicadores de seguimiento para garantizar la transparencia y la evaluación continua de los resultados. El contrato tendrá una duración inicial de tres años y podrá prorrogarse en dos ocasiones por periodos anuales, con un ámbito de actuación que cubrirá toda la Comunitat Valenciana. El valor estimado asciende a 796.831 euros, IVA excluido.
El plazo de presentación de ofertas finalizará el 30 de julio y la información del procedimiento está disponible en la Plataforma de Contratación del Estado.
Refuerzo de la estrategia contra la ocupación
La Generalitat enmarca esta licitación dentro de una estrategia más amplia contra la ocupación ilegal que, según ha explicado, viene desarrollando la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. A primeros de 2026, el departamento adjudicó el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas del parque público, con una inversión de 4.743.200 euros y una duración de cuatro años.
Además, desde julio de 2023 se han registrado un total de 1.231 actuaciones para impedir el asalto de viviendas, entre ellas descerrajados, tabicados, cambios de puerta e instalación de 608 puertas antivandálicas. La Administración autonómica ha añadido que también ha reforzado el servicio de seguridad privada en distintos grupos de vivienda del parque público para frenar el uso indebido de los garajes y evitar nuevas ocupaciones en inmuebles vacíos.
Pérez Llorca ha defendido que estas ocupaciones “vulneran los derechos de los demandantes, impiden rehabilitar los inmuebles y generan graves riesgos de seguridad para toda la comunidad vecinal debido a los enganches ilegales a la red eléctrica”. También ha señalado que el objetivo del nuevo servicio es reforzar la gestión del parque público y asegurar que las viviendas lleguen a las personas vulnerables que las solicitan cumpliendo los requisitos y la normativa.