El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha defendido la necesidad de avanzar hacia una política de costas basada en la cooperación entre comunidades autónomas, el respeto a sus competencias y la protección efectiva del litoral y de las personas que viven en él.
García Manzana ha intervenido en el I Congreso de Costas de Canarias, un encuentro en el que han estado representadas las comunidades autónomas costeras de Canarias, Galicia, País Vasco, Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. En la cita se han abordado los principales retos de la gestión litoral y los traspasos competenciales en esta materia.
Reclamo de diálogo en las decisiones estatales
Durante su intervención, el director general ha sostenido que las comunidades autónomas deben participar de “manera efectiva en las decisiones estatales” que afectan a sus costas. También ha defendido que las modificaciones normativas de gran alcance se afronten “mediante el diálogo y el consenso con los territorios afectados”.
Según ha expuesto, la política de costas debe responder a la realidad de cada territorio y evitar decisiones uniformes que no tengan en cuenta las características urbanísticas, sociales, económicas y ambientales de los distintos litorales. En esa línea, ha insistido en que proteger la costa implica también proteger a las personas, sus viviendas, sus actividades económicas y el patrimonio de los municipios costeros.
García Manzana ha reclamado, por ello, una normativa que permita compatibilizar la preservación del dominio público marítimo-terrestre con la seguridad jurídica y el respeto a los núcleos urbanos consolidados y a los asentamientos tradicionales de especial valor etnológico.
La revisión de la Ley de Costas y la postura de la Generalitat
Uno de los momentos destacados del congreso ha sido la intervención de Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y redactor de la Ley de Costas estatal. Menéndez Rexach ha reconocido que ha llegado el momento de cambiar esta normativa, al considerar que la realidad física y administrativa del litoral ha evolucionado sustancialmente a lo largo de los casi 40 años transcurridos desde su aprobación.
La Generalitat ha sostenido que esa actualización debe servir para dar respuesta a los problemas reales del litoral, reforzar la seguridad jurídica y compatibilizar la protección del dominio público marítimo-terrestre con el respeto a las personas, las actividades económicas y los núcleos urbanos consolidados. Para ello, ha considerado imprescindible contar con las comunidades autónomas costeras y promover una reforma desde el consenso institucional.
Ley valenciana y preocupación por el Reglamento General de Costas
En este marco, García Manzana ha puesto en valor la Ley 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana, que la Generalitat presenta como una herramienta para reforzar la protección del patrimonio costero, ordenar los usos del litoral y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de la Comunitat Valenciana.
El director general ha señalado además la necesidad de impulsar actuaciones de regeneración y defensa de las playas frente a los temporales, así como de mejorar la coordinación entre las administraciones competentes para ofrecer soluciones eficaces y duraderas.
Por último, la Generalitat ha reiterado su preocupación por la reforma del Reglamento General de Costas promovida por el Gobierno central sin un consenso previo con las comunidades autónomas costeras. García Manzana ha defendido también la necesidad de revisar los criterios que determinan la delimitación del dominio público marítimo-terrestre para evitar que decisiones basadas en episodios extremos o circunstancias puntuales generen incertidumbre jurídica y consecuencias desproporcionadas para los núcleos urbanos consolidados.