El reciente decreto aprobado este viernes por el Consell de Carlos Mazón intrroduce una serie de regulaciones significativas para las viviendas de uso turístico. Esta normativa busca otorgar mayor autonomía a los ayuntamientos y endurecer las sanciones para garantizar una oferta turística sostenible y ordenada. Entre las novedades más destacadas se encuentran la prohibición de cajetines para llaves y la obligación de ofrecer un servicio de recepción.
Autonomía Municipal y Control
El nuevo decreto otorga a los ayuntamientos una mayor capacidad para decidir el modelo de ciudad que desean implementar, permitiéndoles limitar el uso de viviendas como alojamientos turísticos de acuerdo con sus necesidades específicas. Esta autonomía es una respuesta a las demandas de los municipios que buscan tener un mayor control sobre la proliferación de apartamentos turísticos y su impacto en la vida comunitaria y urbana.
La cesión de competencias a los ayuntamientos se limita a la inspección, multas y recaudación, y se aplicará únicamente a aquellos consistorios que lo soliciten. Esto implica que los ayuntamientos interesados deberán gestionar estas competencias de manera activa, lo cual podría variar significativamente de un municipio a otro. No obstante, las disposiciones y limitaciones del decreto serán de cumplimiento obligatorio en toda la Comunidad Valenciana, garantizando así una coherencia normativa.
Además, esta medida busca fomentar un turismo responsable y sostenible, asegurando que los ayuntamientos puedan tomar decisiones informadas y adaptadas a sus circunstancias locales. Esta descentralización del control es vista como una herramienta clave para equilibrar la oferta turística con las necesidades residenciales y comunitarias de cada ciudad.
Obligaciones y Plazos
El decreto establece que todas las viviendas de uso turístico deberán comunicar su referencia catastral antes del 31 de diciembre, siendo este un plazo improrrogable. Esta medida busca actualizar y regularizar el registro de estas viviendas, asegurando que todas cumplan con los requisitos legales y normativos establecidos.
Asimismo, las declaraciones responsables presentadas para obtener la autorización de uso turístico deberán renovarse cada cinco años. Esta renovación periódica permite que la oferta turística se mantenga en constante evolución y adaptación a las nuevas normativas y necesidades del sector. La obligación de renovación busca también asegurar que todas las viviendas turísticas sigan cumpliendo con los estándares de calidad y servicio exigidos por la Generalitat.
Para las nuevas viviendas de uso turístico, se incluye en la declaración responsable la obligación de certificar que la comunidad de propietarios no prohíbe el establecimiento de viviendas turísticas, tal como lo permite la Ley de Propiedad Horizontal. Esta medida busca evitar conflictos vecinales y asegurar que la actividad turística se realice en armonía con las normativas de convivencia establecidas por cada comunidad de propietarios.
Prevención de la Especulación
Una de las medidas más relevantes del nuevo decreto es la obligación de que la licencia de uso turístico esté ligada al titular y no al inmueble. Esta disposición implica que en caso de cambio de propiedad, será necesario renovar la licencia, lo cual busca evitar la especulación con las licencias turísticas, promoviendo un mercado más justo y transparente.
El decreto también introduce nuevas infracciones. Una infracción grave se define como la negativa de las personas propietarias a facilitar la identidad de los titulares o la documentación requerida, mientras que una infracción muy grave incluye el alquiler por habitaciones, con multas que pueden alcanzar los 600.000 euros. Estas medidas sancionadoras buscan disuadir las prácticas irregulares y asegurar que todos los actores del sector turístico operen dentro del marco legal establecido.
Además, se incrementa el grado de ciertas infracciones existentes. Una infracción leve, como la falta de comunicación reglamentaria del cambio de titular, ahora se considera grave, y una infracción grave, como la sobreventa de plazas e incumplimiento del régimen de reservas, se considera muy grave. Estas medidas buscan fortalecer el cumplimiento normativo y asegurar que las viviendas turísticas operen de manera adecuada y conforme a la ley.
Normativa y Mejoras en Inspección
El decreto establece que todas las viviendas turísticas deberán cumplir con la normativa de habitabilidad y los códigos de edificación vigentes, incorporando elementos adicionales para mejorar la calidad del servicio. Esta exigencia busca asegurar que los turistas reciban un servicio de alta calidad y que las viviendas ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad y confort.
Asimismo, se incluye la obligación de identificar a todas las personas que se alojarán en la vivienda turística. Esta medida de control busca mejorar la seguridad y la gestión de las viviendas, asegurando que se conozca la identidad de todos los huéspedes. Además, se establece la posibilidad de desalojar a los usuarios que incumplan las normas establecidas para las viviendas turísticas, sin derecho a reembolso, lo cual busca mantener un ambiente ordenado y respetuoso.
El uso de tecnologías avanzadas también se contempla en el decreto, previendo el uso de inteligencia artificial para detectar apartamentos ilegales. Esta innovación tecnológica permitirá una mayor eficiencia en la identificación y regulación de las viviendas que no cumplan con los requisitos legales. Además, se llevarán a cabo campañas de sensibilización para que los propietarios inscriban sus propiedades en el Registro, promoviendo así una mayor transparencia y legalidad en el sector.
Régimen Transitorio
El decreto establece tres escenarios para los diferentes regímenes transitorios. En primer lugar, las viviendas de uso turístico utilizadas antes del 1 de julio de 2018 mantendrán su inscripción en los mismos términos en que las obtuvieron. Esto asegura una continuidad para las viviendas ya existentes, permitiendo su adaptación gradual a las nuevas normativas.
El segundo régimen transitorio se aplica a las viviendas autorizadas entre el 7 de julio de 2018 y la entrada en vigor del nuevo decreto. Estas viviendas mantendrán su inscripción pero tendrán un plazo de cinco años para adaptarse a los nuevos requisitos de calidad de servicio. Para 2030, deberán renovar su declaración responsable con la aprobación de un nuevo informe de compatibilidad urbanística.
Finalmente, las viviendas autorizadas a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto deberán renovar su declaración responsable cada cinco años, asegurando que cumplan con el informe de compatibilidad urbanística y el certificado vigente de su comunidad de propietarios. Este régimen busca asegurar que todas las nuevas viviendas se integren adecuadamente en el marco normativo y de convivencia establecido.
Diálogo y Consenso
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, destacó el diálogo y consenso alcanzado con diversos actores para ordenar y aportar rigor al sector turístico. Este proceso de elaboración del decreto ha involucrado a sindicatos, asociaciones de consumidores, operadores, plataformas de reservas y 71 municipios turísticos, reflejando un enfoque inclusivo y colaborativo.
Mazón subrayó la importancia del turismo en la economía regional, representando casi el 16% del PIB y el empleo en la Comunidad Valenciana. Con este decreto, la Generalitat busca evitar problemas de convivencia y promover un turismo sostenible y de calidad, proporcionando un marco legal claro y seguro para el sector turístico.
El presidente también destacó que el nuevo marco legal aporta seguridad y certeza, avanzando hacia un modelo de turismo sostenible que no renuncia a ningún aspecto ni condena a nadie. El objetivo es mantener la competitividad del sector turístico valenciano, garantizando al mismo tiempo su sostenibilidad medioambiental y su impacto positivo en la economía y la sociedad.
Este decreto pone orden y sensatez en un sector estratégico, enfrentando los últimos años de desorden y ocurrencias. El crecimiento desordenado de viviendas turísticas había generado efectos nocivos, y con esta normativa se busca evitar que estas disfunciones se conviertan en problemas graves, asegurando una respuesta unitaria y una estrategia común a nivel nacional.