Alicante volverá a salir a la calle este martes para reclamar medidas frente a la crisis de vivienda y mostrar su apoyo a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa en Madrid por un fondo buitre tras más de siete décadas de alquiler.
El Sindicat de Vivenda de Carolines y el Sindicat de Vivenda Zona Nord han convocado una concentración a las 19:30 horas en la Plaza de la Montañeta. Además, también plantean iniciar una acampada al estilo de la que desde el pasado sábado copa la Puerta del Sol en la capital española.
La movilización coincide con la recta final de la negociación del nuevo decreto de vivienda que el Gobierno prevé llevar este martes al Consejo de Ministros. El Ejecutivo trabaja con los grupos parlamentarios sobre un paquete de medidas que todavía no está cerrado.
Segunda protesta en Alicante por el caso de Maricarmen
Será la segunda protesta celebrada en Alicante en apoyo a Maricarmen. El pasado jueves, entre 300 y 500 personas se concentraron frente a la Subdelegación del Gobierno bajo el lema “todas las Maricarmen en Alicante” para denunciar la emergencia habitacional y exigir medidas “urgentes” para hacer frente a la presión sobre los precios del alquiler.
Ambos sindicatos consideran que la situación de Maricarmen, que permanece hospitalizada, representa un problema social que va más allá de un caso concreto. Reclaman que la vivienda deje de tratarse como un activo especulativo y que las administraciones actúen para evitar que personas con pocos recursos sean expulsadas de sus barrios.
Los sindicatos cuestionan el nuevo decreto
Los colectivos miran con desconfianza el decreto que prepara el Gobierno. Desde el Sindicat de Vivenda de Carolines advierten de que el texto puede quedarse en “un parche” y reclaman avanzar hacia contratos de alquiler “indefinidos” y una congelación de los alquileres temporales.
La preocupación se traslada especialmente a barrios como Virgen del Remedio, donde, según el sindicato, el encarecimiento está empujando a familias hacia el alquiler de habitaciones, con situaciones de “inseguridad” y hacinamiento.
Por su parte, el Sindicat de Vivenda Zona Nord, cuestiona que una de las vías planteadas pase por ofrecer rebajas fiscales a las inmobiliarias. A su juicio, el cambio debe partir de las organizaciones sociales y no limitarse a acuerdos institucionales. La concentración de este martes, insisten, no es el final, sino “solo el principio de una movilización social más amplia”.
Qué medidas estudia el Gobierno
Entre las medidas que está negociando el Ejecutivo figuran mecanismos de protección frente a los desahucios y fórmulas para dar mayor estabilidad a los contratos de alquiler. También se estudian actuaciones sobre los pisos turísticos, incentivos fiscales para propietarios que bajen el precio y medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.
El debate incluye, además, propuestas para limitar determinadas operaciones de fondos inmobiliarios y reforzar la protección de los inquilinos. Algunas de estas iniciativas continúan abiertas y su contenido definitivo dependerá del acuerdo entre el Gobierno y sus socios parlamentarios.