La guerra por el ruido originado en los establecimientos de ocio nocturno sigue más abierta que nunca en la ciudad de Alicante. Los vecinos de la zona de Castaños defienden la implantación inmediata del ZAS como recoge la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, pero el sector de ocio rechaza las medidas propuestas. En medio del conflicto se sitúa el Ayuntamiento, que trata de buscar el equilibrio que permita tanto el derecho al descanso como la actividad económica “legítima”. El fallo del juez es contundente, da la razón a los vecinos y se ampara en los datos constatados en un informe pericial.
Así, la sentencia obliga al consistorio a adoptar limitaciones, a través de una Zona Acústica Saturada (ZAS), para reducir el exceso del ruido asociado a la concentración de locales de ocio y hostelería en el entorno de la calle Castaños. Sin embargo, la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (ALROA) presentó un nuevo recurso al entender que no existen pruebas contundentes que avalen el exceso de ruido. “Nos hemos visto obligados a recurrir a la justicia para defender nuestros intereses”, explica el presidente del colectivo empresarial, Francisco Javier Galdeano.
El Ayuntamiento también decidió finalmente presentar un recurso de apelación, aunque el vicealcalde Manuel Villar admite que no evitará que se apliquen medidas de control para favorecer el descanso vecinal. “Compartimos el fondo de la sentencia y somos conscientes de un problema que se debe solucionar”, afirma. No obstante, Villar insiste en que el fallo apunta situaciones que “no podían ser compartidas”, como el hecho de que se acordase la declaración de una ZAS limitada a la calle Castaños y no al conjunto del Centro Tradicional, y considera que “insuficiente” el plazo de dos meses para implantar ese control.
“Pruebas periciales desactualizadas”
A pesar de que el equipo de gobierno “asume” la implantación de la ZAS y ya se encuentra en trámites para aplicar diferentes actuaciones concretas, el recurso de apelación destaca que, según reflejan los estudios y mediciones realizados tras la aplicación de “medidas correctoras por parte del Ayuntamiento”, desde agosto de 2022 los niveles de ruido en la zona han bajado “considerablemente”. Es por ello que el vicealcalde matiza que “la sentencia no ha tenido en cuenta esta disminución ni los efectos de las medidas aplicadas” y defiende el recurso al entender que las pruebas periciales están “desactualizadas”. 
En concreto, el rechazo en el seno municipal se produce respecto a las conclusiones recogidas en el informe pericial de las mediciones captadas por la red de sonómetros al considerar que el estudio “no valora todas las alegaciones y pruebas practicadas en el procedimiento”. Así, en el recurso de apelación municipal, que en este punto coincide con el presentado por el sector hostelero alicantino, se recalca que “no se deben dar por buenos” los resultados de las mediciones realizadas en el inicio del procedimiento en 2018.
En esta misma línea, Villar reitera que ya se han aplicado medidas para favorecer el descanso vecinal y niega la inactividad atribuida a la administración local en la sentencia. Sin embargo, la Asociación Vecinal del Centro Tradicional lo ve de otra manera y exponen que “ha quedado demostrado” el exceso de contaminación sonora y recalca que “se está agravando”. “El ruido está presente mañana y noche y casi todos los días de la semana, cada vez hay más quejas de familias que no pueden vivir en sus propias casas que están invadidas por el ruido constante que genera en la calle la actividad de ocio que también sigue creciendo”, aseguran desde el colectivo vecinal.
Una doble ZAS en el horizonte
Más allá de la presentación del recurso por parte del Ayuntamiento, Manuel Villar garantiza que se trata de un procedimiento paralelo que “no afecta a la aplicación de medidas para garantizar el derecho de los vecinos y seguir reduciendo los niveles de ruido en la calle Castaños y adyacentes”. De hecho, el propio vicealcalde confirmó en el pasado pleno del 30 de mayo que el Ayuntamiento ya se dispone de una delimitación concreta para la aplicación de la ZAS que no se limitará a la calle Castaños.
Así, Villar apuntó que abarcaría desde la calle del Teatro hasta la calle Gerona, además la calle Cándida Jiménez, Bailén, San Ildefonso, hasta la Plaza Nueva, e incluso la calle San Francisco hasta el Portal de Elche. A su vez, el vicealcalde adelantó en la sesión plenaria que también se pondrá en marcha un segundo expediente para una segunda ZAS en el Casco Antiguo que abarcaría el perímetro formado por la plaza Quijano, Virgen de Belén y San Agustín, en desarrollo de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) acordada en 2018.
Unas afirmaciones que el propio Villar ha ratificado en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno celebra en la mañana de este martes 4 de junio en la que ha añadido la posibilidad de iniciar los procedimientos “de manera inminente” a lo largo del mes de junio e incluso plantea la opción de “medidas cautelares”, aunque no ha precisado ni fechas ni actuaciones concretas.
Este movimiento ha generado inquietud entre el sector del ocio en Alicante, que exigen “sentarse a dialogar” para consensuar esas medidas para reducir los niveles de contaminación acústica. Asimismo, desde el colectivo empresarial recuerdan que los dos meses obligatorios para aplicar la ZAS que recoge la sentencia “no son firmes” y que ponerlo en marcha podría generar querellas y demandas al Ayuntamiento por parte de los locales afectados.