La intención ya estaba anunciada tras la aprobación de los presupuestos y el acercamiento entre PP y Vox era evidente, tan solo faltaba rubricarlo con la firma de acuerdo. La ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante no impondrá sanciones ni restricciones al tráfico. Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, en plena Semana de la Movilidad, después de que ambas formaciones hayan refrendado su entendimiento. Un pacto para que la normativa obtenga también la luz verde tanto en el trámite de la comisión municipal pertinente como su aprobación definitiva en el pleno con el objetivo de que esta medida entre en vigor en enero de 2025.
La implantación de esta particular Zona de Bajas Emisiones en Alicante, que la oposición califica como una “norma vacía” y “carente de efectividad”, responde a la exigencia de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que se alinea con la normativa europea para reducir las emisiones contaminantes en ciudades con más de 50.000 habitantes. Sin embargo, aunque el espíritu de la norma reside en rebajar el número de vehículos privados contaminantes en el centro de las urbes para mejorar la calidad del aire, la decisión de excluir sanciones ha generado el rechazo de los partidos progresistas en el Ayuntamiento de Alicante y varios sectores sociales de la ciudad.
El vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, defiende la medida como “una oportunidad para hacer de Alicante una ciudad más saludable, más inteligente y con mayor calidad de vida”. En este sentido, subraya que la ZBE permite una gestión “más eficiente” del tráfico “sin castigar” a los ciudadanos, fomentando la movilidad sostenible a través de incentivos fiscales y mejoras urbanas. De hecho, el edil resalta que ya se han realizado inversiones “significativas” en áreas estratégicas como la avenida de la Constitución, el eje Gadea-Soto-Marvá y el frente litoral, con un enfoque hacia la regeneración urbana, incrementar la masa verde y mejorar la accesibilidad peatonal y ciclista.
Tres anillos para “ordenar el tráfico”
El esquema de la ZBE en Alicante se estructurará en tres anillos concéntricos que abarcan diferentes áreas de la ciudad. El anillo más restringido será el Casco Antiguo, donde ya existe una limitación de acceso desde el año 2011. En esta zona, solo podrán entrar vehículos autorizados, los de residentes y comerciantes, con prioridad absoluta para los peatones. Sin embargo, los otros dos anillos, que abarcan el centro tradicional y la Gran Vía, se podrá circular libremente sin verificaciones de las etiquetas ambientales de los vehículos y, por tanto, sin restricciones ni multas.
Tal y como avanza el Ayuntamiento, estos dos anillos exteriores se utilizarán para la monitorización y el estudio del tráfico, de manera que se puedan recopilar datos para futuras decisiones en materia de movilidad en la ciudad. De esta forma, el consistorio destaca que aunque no haya sanciones se realizará un seguimiento constante del comportamiento del tráfico y las emisiones en estas áreas, con el fin de ajustar en un futuro la política según los resultados obtenidos.
Asimismo, fuentes municipales confirman que la implantación de esta Zona de Bajas Emisiones tendrá una vigencia permanente y “es coherente con los instrumentos municipales de planificación urbana estratégica y la normativa de calidad del aire y de acción contra el ruido”. Además, desde el Ayuntamiento insisten que se buscará fomentar la concienciación ciudadana y la educación ambiental, dos elementos que califican como “pilares de esta ordenanza en aras a seguir avanzando en la mejora de la calidad del aire”.
En este sentido, Alicante también ha establecido bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que alcanzan hasta un 75% de descuento para aquellos coches que emiten menos contaminantes. Estos incentivos se establecen según la calificación energética y son accesibles para vehículos eléctricos y aquellos que no superen la tasa de 160 gramos por kilómetro de emisión de CO2.
Dos modelos enfrentados
El gobierno municipal, liderado por el alcalde Luis Barcala, ha insistido en que la ZBE es un paso importante para modernizar la gestión del tráfico en la ciudad sin penalizar a los ciudadanos, algo que Vox también ha defendido como uno de sus principales pilares. Su portavoz, Carmen Robledillo, ha señalado que la ordenanza es un avance para evitar las políticas que, en su opinión, "buscan hundir a las familias y los negocios con sanciones injustas". Una idea que reafirma el concejal de Vox Mario Ortolá, quien subraya que “la norma cumple con nuestra exigencia de libertad de movimiento y no discriminar entre quienes pueden permitirse un coche eléctrico y quienes no”.
A pesar del optimismo mostrado por PP y Vox, las críticas de la oposición no se han hecho esperar. Así, PSOE y Compromís exigen medidas más contundentes para garantizar la reducción de las emisiones y cumplir con los objetivos ambientales. Ana Barceló, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha señalado que trasladará la decisión al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y a la Comisión Europea, denunciando que la falta de sanciones pone en riesgo los objetivos medioambientales que persigue la normativa. “Sin sanciones, la ordenanza será incapaz de reducir la contaminación o cumplir con las exigencias de la normativa europea”, ha expuesto.
En esa línea, Raúl Ruiz, concejal del PSOE, ha mostrado su preocupación porque “Barcala ha asumido las tesis negacionistas de Vox” y ha descrito la ordenanza como una "medida vacía de contenido y descafeinada". A su vez, el edil socilista ha remarcado la incongruencia de no contar con medidores de contaminación en el centro de Alicante, lo que, a su modo de ver, evidencia la “falta de compromiso del gobierno municipal con la reducción de emisiones”.
Por su parte, desde Compromís, su portavoz Rafa Mas, ha criticado duramente la decisión, calificándola como "ordenanza blanda" y "papel mojado". Mas ha destacado la necesidad de aplicar medidas más estrictas y ha alertado de que Alicante podría perder los fondos europeos asignados si la ordenanza no se ajusta a la legislación nacional y europea. "Nos preocupa que esta normativa no sea firme para combatir la contaminación y mejorar la salud de los alicantinos y alicantinas", ha afirmado. Además, la formación valencianista ha propuesto un análisis detallado de los puntos más contaminados de la ciudad para que las medidas se adapten a las zonas que más lo necesitan.