El Ayuntamiento de Alicante ha avanzado en la adjudicación de la nueva promoción de viviendas protegidas y de alquiler asequible prevista en la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, después de que la Mesa de Contratación del Patronato Municipal de la Vivienda haya constatado la presentación de una única oferta, la de Abala Infraestructuras.
La empresa ha concurrido al concurso para la enajenación de una parcela municipal cuya contraprestación se realizará mediante la permuta de futuras viviendas de protección pública. En la sesión celebrada este jueves, la mesa ha abierto el primer sobre, correspondiente a la documentación administrativa.
En próximas fechas se celebrarán las reuniones para examinar el sobre con los criterios evaluables mediante juicio de valor y, después, el que contiene la oferta económica. El plazo de presentación de ofertas ha concluido el 30 de junio, tras una ampliación de tres meses que, según el consistorio, ha buscado reforzar la concurrencia y la transparencia del procedimiento.
La actuación se enmarca en una licitación que contempla la construcción de unas 30 viviendas de protección pública, aunque el número final dependerá de la propuesta que presente la empresa adjudicataria. De esa promoción, al menos tres viviendas deberán cederse al Patronato de la Vivienda para alquiler asequible a cambio de la parcela municipal, valorada con un presupuesto base de licitación de 457.549 euros.
Parcela a cambio de alquiler asequible
Los pliegos permiten a las empresas licitadoras definir tanto el número de viviendas como sus características, con la condición de que partan de un mínimo de 38 metros cuadrados útiles.
En función de la distribución y la superficie, la actuación podría traducirse en alrededor de 30 viviendas. De ellas, un mínimo de tres quedarán reservadas para el Patronato Municipal de la Vivienda, con al menos 191 metros cuadrados útiles en total, y se destinarán a alquiler asequible.
Entre los criterios de adjudicación también se valora que la propuesta incremente los metros cuadrados útiles mínimos a entregar, lo que podría implicar un mayor número de viviendas cedidas al Patronato.
El procedimiento, por tanto, no fija solo la cantidad final de viviendas, sino también el tamaño y las condiciones de esa cesión pública, que forman parte del valor de la oferta presentada por la empresa aspirante.
La licitación llega después de que el Patronato haya incorporado nuevas medidas de control sobre todo el proceso de comercialización de las VPP, los pagos y las transacciones, el acceso de las personas compradoras y la ausencia de conflictos de intereses, además del refuerzo del arraigo y del seguimiento posterior.
Más control para la comercialización de VPP
El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha explicado que las medidas aprobadas garantizan los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia, de acuerdo con el artículo 44 del Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana.
El edil ha añadido que estas actualizaciones reflejan el esfuerzo del equipo de gobierno por maximizar los controles sobre cualquier VPP gestionada desde el Ayuntamiento de Alicante. Entre las obligaciones introducidas figura que adjudicatario, subcontratista, comercializadores, beneficiarios y miembros de la mesa de contratación deberán suscribir una declaración de ausencia de conflictos de intereses a la formalización del contrato.
Además, la empresa adjudicataria tendrá que presentar un pliego de condiciones de comercialización que deberá ser aprobado por el Patronato, y no podrá iniciar la venta hasta obtener la calificación provisional. Tampoco podrá recibir pagos a cuenta hasta contar con la autorización de la Conselleria de Vivienda.
Ese pliego deberá incluir también la declaración de ausencia de conflicto de intereses para las personas que opten a una VPP, documento que tendrán que firmar todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años.
Asimismo, tendrá que detallar el régimen de uso, el número de viviendas, garajes y trasteros vinculados o no a la promoción, las superficies útiles, los precios máximos aplicables, las formas de pago, la duración del periodo de protección, las condiciones de los programas de protección pública, los planos, el plazo de obras, la fecha y los plazos de inscripción —de al menos 30 días y con un anuncio previo mínimo de 10 días—, las fórmulas de adjudicación y el modo de asignación de las viviendas.
El Patronato también exigirá mecanismos de publicidad y transparencia de la promoción, con referencias al modelo de contrato para las personas beneficiarias y a los medios de difusión, como web o app compartible en la del Patronato.
Una vez terminado el periodo de inscripción, la adjudicataria deberá remitir una lista provisional de adjudicatarios y de espera, con consentimiento previo, y se abrirá un plazo de al menos siete días naturales para alegaciones antes de elevar la lista definitiva al Patronato.
Además, la empresa tendrá que presentar informes trimestrales o cuando se le requiera sobre las transacciones realizadas con las personas beneficiarias, incluidas reservas, contratos, visados y escrituras.