El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha defendido este viernes la legalidad de la vivienda de protección pública que su esposa adquirió en 2006 y ha asegurado sentirse objeto de una “cacería” en la que, a su juicio, “todo vale” con tal de perjudicar su imagen y la de su familia. “No todo vale”, ha remarcado.
Barcala ha realizado una declaración institucional, sin turno de preguntas, después de que elDiario.es informara de que su mujer es propietaria de una VPP comprada en 2006 que actualmente se encuentra alquilada y en la que no ha residido.
El primer edil ha mostrado su “profunda indignación” ante la controversia surgida en torno a las adjudicaciones de viviendas protegidas en la promoción Les Naus, en Playa de San Juan. En ese contexto, ha recordado que el Ayuntamiento ya asumió “responsabilidades políticas” con la dimisión de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez —beneficiaria de uno de los inmuebles—, y de la directora general María Pérez-Hickman, cuyos familiares figuran entre los adjudicatarios. Además, ha señalado que el juzgado de instrucción número 5 de Alicante mantiene abiertas diligencias sobre estas adjudicaciones.
Durante su comparecencia, Barcala también ha defendido las actuaciones emprendidas por el equipo de gobierno municipal, como la apertura de un expediente informativo para esclarecer los hechos y las inspecciones realizadas por la Policía Local en Les Naus con el fin de comprobar quién reside en las viviendas y si se cumplen los requisitos exigidos. Según ha avanzado, el consistorio adoptará nuevas “medidas contundentes” que se darán a conocer próximamente.
En relación con esta promoción, el alcalde ha subrayado que el Ayuntamiento se limitó en su día a vender la parcela para la construcción de VPP, una iniciativa —ha precisado— impulsada durante el mandato del anterior gobierno municipal de izquierdas. Asimismo, ha insistido en que ni el consistorio ni la Generalitat participaron en el proceso de adjudicación, que correspondió a la cooperativa promotora.
Barcala también ha mencionado la apertura de un expediente a un funcionario de la Conselleria de Vivienda encargado de los visados de estas viviendas protegidas y ha apuntado que, según su versión, fue la primera persona en incumplir la normativa.
Vivienda destinada exclusivamente al alquiler
En cuanto a la vivienda adquirida por su esposa, el alcalde ha explicado que se trata de una vivienda de nueva construcción de protección pública, con calificación definitiva emitida el 28 de abril de 2005 por la entonces Conselleria de Territori i Habitatge. Dentro de ese edificio, ha indicado, había doce inmuebles destinados “exclusivamente al alquiler”, no al uso como residencia habitual de los compradores.
Según ha detallado, el promotor podía transmitir esas viviendas a terceros que asumieran el compromiso de mantenerlas en régimen de arrendamiento, como ocurrió en este caso. De acuerdo con su explicación, el propietario no está obligado a ocupar el inmueble, sino a destinarlo al alquiler durante el periodo establecido y respetando la renta máxima fijada por la administración.
El alcalde ha negado que se trate de un alquiler con opción a compra y ha asegurado que la calificación definitiva especifica que la vivienda está destinada al arrendamiento. También ha señalado que la autorización de venta, concedida en mayo de 2006 por la Conselleria, recogía expresamente esas condiciones, que —según ha insistido— se han cumplido desde el inicio.
Asimismo, ha indicado que la promoción formaba parte de una actuación vinculada al Plan Parcial de Benisaudet, promovida por el entonces Instituto Valenciano de Vivienda, que impulsó suelo para varios edificios de viviendas protegidas en la ciudad.
“Nada que ver con Les Naus”
Barcala ha recalcado que la adquisición realizada por su esposa se ajustó en todo momento a la normativa vigente y ha defendido que no guarda relación alguna con el caso de Les Naus. A su juicio, se está cruzando una línea al mezclar ambos asuntos, cuando lo que debería primar —ha dicho— es el esclarecimiento de los hechos.
Por último, ha afirmado que esta polémica no alterará su determinación de investigar lo ocurrido en la promoción de Playa de San Juan y de garantizar que ninguna vivienda protegida permanezca en manos de quien no cumpla los requisitos establecidos por la ley.