La adjudicación de viviendas públicas a cuatro personas vinculadas con el Ayuntamiento de Alicante ya ha dejado las primeras consecuencias políticas. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, una de las agraciadas con un piso en la primera promoción de pisos de VPO en la ciudad en los últimos 25 años, ha presentado su dimisión en la tarde de este viernes.
La edil, que se encuentra actualmente de baja por maternidad, ha anunciado que renuncia a su cargo y que en los próximos días presentará oficialmente su dimisión, después de dos años y ocho meses de desempeño público.
Gómez, arquitecta de profesión, ha destacado en un comunicado emitido por el Ayuntamiento que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a esta promoción de viviendas de protección pública en la Playa de San Juan, en la zona de La Condomina.
La ahora exconcejala afirma que era la cooperativista número 18 en la lista de un proceso que se inició en el año 2018. El edificio, conocido con Urbanización Les Naus, dispone de pisos de tres y cuatro dormitorios. Además, las zonas comunes incluyen área de juegos infantiles, piscina, vestuarios y botiquín, zonas ajardinadas, pistas de pádel y polideportiva, club social, gimnasio, aparcamiento de bicicletas y zonas apergoladas.
Segunda dimisión del día
La concejala ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso “sin interferencias de ningún tipo”, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida en el marco del expediente de aclaración de hechos que ordenó el alcalde Luis Barcala este jueves después de que el diario INFORMACIÓN avanzara la noticia e iniciara un terremoto político en el seno del ejecutivo local de la ciudad de Alicante.
La dimisión de Gómez se suma a la renuncia, confirmada también este mismo viernes, de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman. Dos hijos de esta alto cargo del consistorio alicantino habían sido adjudicatarios, de la misma manera, de dos de las viviendas ofrecidas en la promoción.
La oposición eleva el tono: “Dimisión bajo presión”
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Barceló, ha señalado que la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general “confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de una polémica mediática”.
A su juicio, faltaron controles y transparencia desde el primer momento en una cuestión "tan sensible" como la vivienda protegida sobre suelo municipal. “La responsabilidad última sigue siendo del alcalde”, afirma. Así, Barceló reclama explicaciones sobre cómo se supervisó el proceso de adjudicación y sobre si existen más cargos públicos que se hayan beneficiado de estas viviendas.
“Hay que saber qué ha pasado y quién más está implicado”, señala. Desde el Grupo Socialista, añade, seguirán reclamando toda la información necesaria para esclarecer los hechos, depurar responsabilidades políticas y evitar que una situación similar vuelva a repetirse en futuras promociones de vivienda pública.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha sido más contundente al enfatizar que “si dimite es porque reconoce la supuesta prevaricación". Mas insiste en que "no es suficiente y debe comparecer públicamente y explicar la trama de viviendas de protección oficial que estamos conociendo y que nos avergüenza”.
Mas resalta que Gómez “ha sido la máxima responsable del área bajo sospecha” y ha avanzado que su grupo revisará las bases de la adjudicación “para anularla y devolver las viviendas a quienes legítimamente les corresponden”, al tiempo que ha asegurado que llegarán “hasta el final” en la investigación política del caso.